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Sebastián Ramírez Mendoza
La decadencia de las instituciones de seguridad y procuración de justicia que se dio durante los gobiernos neoliberales, nos dejó una muy dolorosa tradición de impunidad. Afortunadamente, tras estos cuatro años de transformación, nos situamos en un panorama muy distinto, y el botón de muestra más claro es la Ciudad de México.
En una ciudad de más de nueve millones de habitantes y una población flotante de otros cuantos, resulta un enorme reto combatir el delito, por lo que la doctora Sheinbaum, al llegar a la jefatura de gobierno, planteó una estrategia de seguridad completamente nueva que se centra en la atención a las causas que generan la violencia, en reformar a nuestra policía —la más antigua de toda América Latina—, en investigar con inteligencia y en fortalecer la coordinación institucional.
Concentrémonos en las últimas dos: a partir de la reforma de 2019, que otorga a la policía la facultad de investigar delitos, se profesionalizó a este sector y se han integrado a más de mil elementos para estas tareas, de la mano, permanentemente, de la Fiscalía de la Ciudad de México y del Gobierno de México, a través de la Semar y la Sedena.
En este sentido, se avanza a pasos agigantados: hoy tenemos a un secretario de seguridad y a una fiscal que, no solo dan la cara a escasas horas de que sucede un hecho que impacta nuestra tranquilidad, sino que también presentan resultados a la brevedad, como sucedió con el devastador feminicidio de Ariadna, el ataque a Ciro Gómez Leyva y el reciente asesinato de dos jóvenes y un adulto mayor en la colonia Roma.
A pesar de que queda mucho por delante, esta estrategia nos presenta los índices más bajos de incidencia delictiva en la historia de nuestra ciudad, y estamos transitando a un contexto en el que la impunidad es cada vez menor, y eso necesariamente nos va devolviendo la tranquilidad y el derecho de vivir en paz.
