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Edgar Cerda Martínez.
El día de ayer fue girada una orden de aprensión contra el exalcalde de BJ Christian Von Roehrich, acusado de corrupción por la contratación de servicios de remoción de escombros nunca realizados a raíz del sismo de 2017 por más de 70 millones de pesos, aunado a su presunta implicación en el Cártel Inmobiliario.
Y es que desde hace años, las administraciones panistas habrían modificado y violado usos de suelo en esta alcaldía favoreciendo a inmobiliarias de las cuales ellos mismos son accionistas.
Quien fuera el director de Gobierno en Benito Juárez, es dueño de 10 departamentos en la calle de Holbein, con un valor mínimo de 5 mdp, es decir dicho individuo tendría aproximadamente 50 mdp en propiedades.
Otra de las inmobiliarias, de cuales forman parte extrabajadores de la demarcación, habrían generado más de 500 mdp, y lo más grave es que esta empresa habría cedido la posesión y administración única de dicha empresa a la hermana de Von Roehrich. Sin embargo, pareciera que en el PAN y la oposición, la aplicación de la ley es una persecución política, cabe destacar que las denuncias originadas de dichas investigaciones vienen de vecinas y vecinos de la mencionada demarcación; el beneficio económico generado por el cártel asciende a más de 7 mil mdp.
No es novedad pasar por la Benito Juárez, y ver el boom del desarrollo inmobiliario en la alcaldía, como empresario aplaudiría tal derrama económica, si esta se hubiera generado de manera legal, pero para los millones de emprendedores en este país resulta injusto que algunos grupos se beneficien de relaciones en puestos claves cuando sus funciones deberían ser velar por el bien común. Hoy, este cártel estaría replicando su modus operandi en la alcaldía Cuauhtémoc, donde vemos comercios violando permisos, construcciones que no cumplen con los lineamentos establecidos, como Terraza Toledo, Madre Café, Desarrollos, en calle Durango, avenida Sonora.
No es casualidad que Cuevas copie este tipo de prácticas.