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Ana María Vázquez
Eso es lo que mediáticamente se ha dicho, destrozar un elemento democrático, desaparecerlo, cuando de lo que se trata es de lo contrario. Acusan al actual gobierno de acoso para minar su autonomía, pero nada más alejado de ello, y aunque su consejero
presidente, Lorenzo Córdova, ha afirmado no ser enemigo de alguien, he comprobado en carne propia que esto no es real.
Desde principios de este año, civiles, reporteros, intelectuales y personajes relevantes de la política como la diputada Andrea
Chávez, fuimos perseguidos políticamente y denunciados por el INE por “violencia política de género”, casualmente todos simpatizantes y/o militantes de izquierda, dicha denuncia fue avalada y procesada por el Tribunal Electoral y se dieron los
primeros requerimientos, por correo normal, inbox de Twitter y cualquier medio disponible, violando los procedimientos establecidos en su propio reglamento, así como los derechos constitucionales que amparan a cualquier ciudadano; los primeros juicios sumarios condenatorios se dieron sin la presencia de un abogado y sin estar el acusado.
Tres casos lo ejemplifican: Erick Gutiérrez, Lula Ornelas y la que escribe. El primero, condenado en principio a pagar una multa y suspensión de derechos, inscripción por 3 años en el registro de acosadores de género, tomar un curso sobre violencia (pagado por él), entre otros; Lula Ornelas, adulta mayor cuyo gran delito fue comentar un tuit de la diputada Chávez, la noticia de su consignación hizo
que tuvieran que hospitalizarla de urgencia; mi caso fue similar al de Erick Gutiérrez, ambos dedicados a la comunicación, pero cuya trayectoria impecable y libre de insultos es clara y demostrable, sin embargo, la sanción estaba ahí. La idea, pensamos, era quitar
a la diputada Chávez, quien ya se perfila como un gran elemento de la nueva generación en las filas morenistas, pero nos equivocábamos.
No obstante haber sido “exonerados”, el acoso a ciudadanos continuó…hasta ahora. Hoy jueves, al momento de escribir estas líneas, me entero de una nueva lista de “sancionados”, CIUDADANOS, pero de izquierda, cuyo único delito fue ejercer su LIBERTAD DE
EXPRESIÓN. Se equivocan cuando dicen que se pretende tirar la institución, la realidad es que DEBEMOS LIMPIARLA de la corrupción imperante y preservarla por el bien de todos.
