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Jorge Gómez Naredo
Hace poco más de un mes la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (que se instaló a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador) compartió un informe donde estableció varios puntos que desmontaron la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El informe es parte de una investigación que se sigue para castigar a los culpables que desaparecieron a los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Por eso, en muchas partes está testado, es decir, tachado. Hacer públicos varios de los datos borrados pueden comprometer la investigación y el castigo a los culpables de los atroces hechos.
A la periodista cuban Peniley Ramírez alguien (se presume que de la Fiscalía General de la República) le “filtró” la versión sin testar. Ella sabía que, si hacía pública la información tachada, comprometía
la investigación que se emprendió hace cuatro años, y podía abonar a que hubiera impunidad en el caso.
Y no le importó eso. No sólo publicó en redes sociales información del documento que estaba testado, sino que la compartió con el diario Reforma, y éste difundió más datos.
La falta de ética de Peniley Ramírez es brutal, pues al dar a conocer información que estaba tachada, no aportó nada a las conclusiones del informe y sí contribuyó a la impunidad del caso, pues con esto, la defensa de los presuntos culpables podrá afirmar que se violó el debió proceso.
¿Por qué Peniley Ramírez decidió hacer público algo que sabía comprometía una investigación en la cual prácticamente todos los mexicanos quieren que haya justicia? ¿El ego? ¿El sentir que es la periodista de investigación más importante de México?
No se vale lo que hizo. Eso es no tener ética periodística. Es terrible lo que hizo.
