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Ana María Vázquez
Seguramente usas las redes sociales, y como muchos, te habrás enfrascado en algún hilo de conversación política e hiciste algún comentario ingenuo, respetuoso o no, utilizando tu derecho ciudadano a manifestarte. Tú, un ciudadano común y corriente que todos los días muy temprano toma el transporte público para ir a trabajar.
No eres ni siquiera un militante acérrimo, tal vez ni estás afiliado a algún partido. Solo hiciste un comentario, inocuo, intrascendente y te olvidaste de ello.
Pasan los días y alguien te etiqueta en una publicación: estás en una lista y no entiendes bien a bien por qué. Revisas tu buzón de Twitter y el de Facebook y tu correo personal; tienes un mensaje que te hiela la sangre: tienes un requerimiento por parte del INE, se te acusa, junto con otros, de violencia política y de género y se te ordena responder en un plazo específico al Instituto Nacional Electoral, con argumentos que justifiquen aquella respuesta al tuit que ya habías olvidado, vuelves a revisar y solo pusiste: “tienen razón”.
Ese día no puedes concentrarte en el trabajo, piensas en borrar tus redes, desaparecer, ¿cometiste un delito? ¿Cuál?, no entiendes nada. Por la noche te sorprende que el requerimiento haya llegado hasta tu domicilio. ¿qué está pasando? Te tienen cercado, saben todo de ti y te preguntas una y otra vez mientras intentas conciliar el sueño: ¿cuál fue tu delito? Te prometes que jamás vas a entrar nuevamente a tus redes sociales, ni a comentar, ni a nada. Esto es lo que ha venido sucediendo en redes sociales, desde hace varios meses y por comentarios de todo tipo, que van en contra de miembros de actos de diputados y senadores del PRI, PAN, MC.
El primer requerimiento llegó a aproximadamente 15 personas, respecto a un comentario de la diputada Andrea Chávez, 15 ciudadanos que estaban ejerciendo su derecho constitucional a manifestarse en una red social pública y el requerimiento llegó, tal
como te cuento a buzones, correos electrónicos y hasta con entrega personal en domicilios particulares.
Aquel grupo se limitó a responder y llevar personalmente, tal como se pedía en el requerimiento, su respuesta: “ejerzo mi derecho constitucional a manifestarme dentro de las libertades que la misma me otorga según el artículo…” Prefirieron ser prudentes y no levantar la voz. Craso error.
