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Alejandro Armenta Mier
La inseguridad y la delincuencia organizada por sí solas son de las mayores preocupaciones de los mexicanos y de las más conocidas, sobre todo en ciertas zonas del País. Sin embargo, la preocupación aumenta en cuanto hay menores de edad involucrados, ya que con este hecho se está permitiendo corromper a nuestros jóvenes del futuro.
Existen datos del Gobierno federal publicados en enero de este año, en los cuales, México cerró 2021 con 33,410 homicidios dolosos, una reducción del 4.1% frente a los 34,554 asesinatos del año 2020.
Es de suma importancia atender y prevenir la integración de los menores a la delincuencia, actos causados por diversos motivos, entre los cuales encontramos que una de las causas es por los padres. Datos
publicados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), entre 35,000 y 45,000 menores de edad actualmente están reclutados de manera forzada por el crimen organizado.
Como se menciona anteriormente, los motivos son diversos, sin embargo, existen algunas constantes como lo son las carencias económicas y afectivas que los menores viven en su entorno familiar, marginación y discriminación social, las escasas oportunidades laborales y sus raquíticos sueldos, el rezago escolar y la violación a diversos derechos humanos que viven día a día.
Es por ello que, con el fin de prevenir y atender este tema y salvar a nuestros menores, se ha impulsado desde el Senado de la República, el aumento de la pena a aquellos adultos que corrompan a los menores de edad.
