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Alejandro Armenta Mier
La reforma constitucional en materia energética publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, significó un cambio normativo de carácter regresivo, puesto que estableció un sistema eléctrico nacional cuyos verdaderos objetivos fueron el despojo y desaparición de las empresas energéticas del Estado, otorgando beneficios ilimitados al sector privado.
La iniciativa que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó al Congreso, propone reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, con la finalidad de corregir el desorden en el sistema eléctrico, como consecuencia de la reforma del ex-mandatario Enrique Peña Nieto. Proponiendo, la creación de un Sistema Eléctrico Nacional, y dado el imperativo de que el abastecimiento de energía eléctrica funcione de manera ininterrumpida, donde el Estado, a través de Ia Comisión Federal de Electricidad (CFE), asuma el control del sistema.
Esta reforma energética, busca garantizar el suministro eléctrico a los consumidores, a precios justos, y proteger la seguridad nacional sobre la generación de electricidad.
Las empresas privadas aprovecharon la reforma energética del 2013, para invertir en la industria, creando una estructura sólida, que debe ser considerada, ya que no puede desaparecer de la noche a la mañana, por lo que la iniciativa de AMLO, propone una división donde el 54% de la electricidad, sea producida por la CFE y el resto por la industria privada. Y de esta forma el Estado mantiene la soberanía energética del país.
