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Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenciara que es ilegal procesar penalmente a las mujeres o personas gestantes por interrumpir su embarazo, el gobierno de Coahuila informó que la legislación local acatará el mandato del Poder Judicial para no criminalizar a ninguna mujer por decidir sobre su cuerpo.
Anteriormente, en la entidad se castigaba con hasta tres años de cárcel a quien se realizará un aborto, con base en los artículos 195 y 196 del Código Penal Estatal; sin embargo, tras la decisión del máximo Tribunal del país, dichos artículos serán derogados.
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde 2015 en el Coahuila se han abierto 25 carpetas de investigación por aborto.
A través de un comunicado, el gobierno de Miguel Riquelme apunta que: “Si hubiese alguna mujer privada de su libertad por el delito de aborto deberá ser puesta en libertad inmediatamente”.
