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El diputado electo Daniel Sibaja, recordó que la actual Legislatura de mayoría morenista eliminó este programa pues el ejercicio de los recursos era poco claro y opaco, y no impactaba directamente en beneficio de la población
Por Mario López
Estado México.- El regreso del Programa de Apoyo a la Comunidad, (PAC) en la próxima Legislatura, serviría para reforzar el control político que ejercen el PRI, PAN y PRD sobre la gente de escasos recursos y el manejo de recursos púbicos por hasta 2.5 millones de pesos de manera discrecional, sin la garantía de que lleguen en apoyos directos a la gente.
El diputado electo Daniel Sibaja, recordó que la actual Legislatura de mayoría morenista eliminó este programa pues el ejercicio de los recursos era poco claro y opaco, y no impactaba directamente en beneficio de la población de los respectivos distritos electorales, y pese a que en su mayoría debía entregarse en apoyos de materiales de construcción en zonas vulnerables, no había transparencia sobre el destino del dinero.
Este recurso, señaló, permitía el uso de hasta 2.5 millones anuales por cada diputado local del Estado de México, el equivalente a 187 millones de pesos para la Legislatura, la mayoría se gestionaba para materiales de construcción de la población, pero en realidad era una forma de control político del partido oficial y el gobierno en turno hacia los grupos parlamentarios minoritarios, con la distribución discrecional de los materiales”, explicó Daniel Sibaja.
Se uso también para hacer campañas negras, pues en marzo de 2019, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, reveló tras una investigación, que la Coordinación del PAC desvió 2.5 millones de pesos en junio de 2017, “sin justificación aparente”, en apoyo a una estrategia de “propaganda negra” en contra de Andrés Manuel López Obrador, durante el proceso electoral 2017-2018.
En 2018, explicó, fueron 187.5 millones de pesos que los diputados locales gestionaron en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México y en tres años del periodo sumaron cerca de 600 millones de pesos, para mantener el control político de bancadas minoritarias, sin la certeza de que hubieran llegado en apoyos y acciones para la gente.
