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La Fiscalía General de la República podría comenzar una investigación y proceso contra los expresidentes sin la consulta.
Fermín Sánchez
A unos días de la consulta popular del 1 de agosto para definir si se emprende un proceso de esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado, en las cuales estarían incluidos los expresidentes, Alberto Woolrich Ortiz, penalista y presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México AC en entrevista con Grupo Cantón, señaló que en cuestiones exclusivas de justicia no cabe bajo ninguna circunstancia ni por ningún motivo hacer consultas ciudadanas o populares para determinar qué fin o que acción debe de tener la justicia, porque eso ya sería una justicia a modo de quien hace las consultas.
Por lo que la Fiscalía General de la República podría comenzar una investigación y proceso contra los expresidentes sin la consulta.
“La justicia necesita actuar de manera pronta, expedita y gratuita, con una total independencia y autonomía del ejecutivo porque una cosa es la independencia de criterio y otra cuestión es la autonomía, bajo ese motivo no es el medio adecuado la consulta ciudadana para sacar adelante las cuestiones de justicia”, dijo el penalista.
Afirmó que, si se puede enjuiciar legalmente a un expresidente, a pesar de que aún hay funcionarios de la época neoliberal que meten el pie en la dependencias de justicia, el abogado dijo que el ejemplo lo puso Perú quien conformó un grupo de abogados jóvenes en virtud de que la fiscalía de la República peruana estaba plagada de corrupción y de intereses ajenos a las cuestiones de justica, sin embargo pudieron tener las aprensión de varios expresidentes y están siendo procesados algunos de ellos en ese país.
Señaló Woolrich. que, de acuerdo a la ley, el único obstáculo para proceder penalmente contra un expresidente sería que un delito prescribiera, pero para ello tendrían que pasar varios años.
No es la primera vez de un proceso contra un expresidente
Hay un antecedente de un expresidente investigado y sometido a un proceso penal, sin necesidad de reformar la Constitución. Se trata de Luis Echeverría quien fue consignado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la PGR por su probable responsabilidad en la violencia y los homicidios de estudiantes en 1968 y 1971. Se libraron dos órdenes de aprehensión y finalmente fue absuelto por un Tribunal, pero el proceso existió.
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