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Samuel Cantón Zetina
Los políticos mexicanos son fuera de serie. No por que hagan muy bien lo suyo, sino porque en su ambición de incrustarse en la ubre pública, nada los detiene. Vemos con incredulidad cómo a pesar de la virtual matanza de candidatos y gente vinculada al proceso electoral -143 asesinados de septiembre 2020 a abril pasado-, los aspirantes a cargos de elección popular no tienen al tema de la inseguridad pública entre las prioridades de su proselitismo, ni de sus planes de gobierno. Como si no estuvieran enterados de las ejecuciones políticas y de los indicadores de violencia. En Cajeme, Sonora, el aspirante a alcalde Abel Murrieta Gutiérrez fue ultimado mientras repartía volantes en las calles. Había sido procurador estatal de Justicia y era abogado de la familia Le Barón.
Hay un mecanismo de protección de candidatos puesto en marcha por el gobierno federal, pero lamentablemente no ha sido suficiente para evitar el derramamiento de sangre en campañas. “Son los ciudadanos quienes eligen a sus gobernantes, no las mafias del crimen organizado…”, advirtió el presidente Obrador. El gran problema de la inseguridad es su generalidad -los hechos delictivos se dan en toda la República-, y la impunidad que casi siempre le acompaña.
Lo sorprendente, sin embargo, es que a pesar de que ellos mismos son víctimas de la violencia, los candidatos soslayan la gravedad del asunto y la urgente e ineludible necesidad de enfrentarla ya con determinación y profesionalismo. Si la mayor parte de los asesinatos, como es fácil inferir, se ha producido por el interés de los grupos criminales de controlar los gobiernos locales, ¿qué pasará con los candidatos de reemplazo? ¿Únicamente podrán llegar a las posiciones si se someten a los cárteles? ¿Será condición para ganar el que se conviertan
en marionetas de hampones? Parece ser el precio de no tomar el toro por los cuernos.
