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Mario López
Estado de México.- Se tipifican delitos contra la libertad de expresión y se otorgan garantías para el secreto profesional y cláusula de conciencia, tras aprobarse por unanimidad en el Congreso Mexiquense la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México.
Lo anterior, luego de que actualmente los periodistas realizan su labor en condiciones de alto riesgo y sin protección, y son víctimas de violencia institucional cuando afectan intereses de los poderosos.
El diputado, Max Correa Hernández, afirmó que esta iniciativa puede ser perfectible y es oportuna ante la convocatoria de conformar una nueva Constitución, nuevas instituciones y nuevas leyes para el Estado de México.
Por su parte, la diputada Azucena Cisneros, explicó que el nuevo marco jurídico busca garantizar los derechos de los periodistas, su libre expresión y evitar obstáculos que dificulten su desempeño, pues ejercen un papel fundamental en el derecho al acceso a la información pública, a la verdad y a exigir que los funcionarios públicos rindan cuentas a la sociedad.
Explicó que de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RFS), en su informe “Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020” posiciona a México como una de las naciones más peligrosos para ejercer el periodismo, en donde se le otorga el lugar 143 de 180 países analizados y, además, una puntuación de 45.5, sobre una calificación de 100.
Azucena Cisneros agradeció la disposición de los grupos parlamentarios para construir un dictamen final con las aportaciones de las iniciativas del PAN y PRD, del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Artículo 19, colectivos de periodistas independientes de diversas regiones, y se concretó con el respaldo de la Junta de Coordinación Política.
“A nadie escapa que en México el principal obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión son los actos de violencia e intimidación que sufren las y los periodistas y demás personas que trabajan en los medios de comunicación, tanto así que en muchas ocasiones la autocensura se convierte en la alternativa para que salvaguarden no sólo su integridad personal, sino también su vida”, sostuvo
“Es una ley que recoge una multiplicidad de posturas, y la urgente necesidad de que el estado cumpliera con su obligación de brindar protección integral a periodistas y defensores de derechos humanos por ser propulsores de los cambios sociales y democráticos”, apuntó.
La legislación aprobada obliga al estado al reconocimiento social y a que condene cualquier agresión de periodistas y defensores, a adoptar y prevenir violencia de género contra mujeres periodistas y defensoras, así como a capacitar a servidores públicos.
Además establece Medidas Urgentes de Protección que van desde la reubicación temporal de la persona beneficiaria hasta salvaguardar su vida e integridad y de ser necesario la de su familia.
En tanto, la diputada Anaís Burgos, del Comité de Comunicación Social sostiene que material de trabajo del profesional no será objeto de inspección ni aseguramiento por parte de las autoridades, pues la legislación define como derechos de los periodistas, el secreto profesional que preserva la facultad de mantener en secreto la identidad de sus fuentes.
