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Caso Cienfuegos

El general regresó a casa, después de 33 días que permaneció privado de su libertad en Norteamérica, acusado de narcotráfico, corrupción, aceptar sobornos y realizar actos de conspiración para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana.

El Fiscal estadounidense, Seth DuCharme señaló que se desestimaron los cargos por una orden del Procurador General de E.U., William Barr, a causa de una negociación política. La Jueza Carol B. Amon textualmente precisó: “no tengo ninguna razón para dudar que la determinación del gobierno de Estados Unidos y de que las autoridades mexicanas, desean sinceramente continuar con una investigación y un posible enjuiciamiento de este acusado”; agregó que sin duda, ésta disposición provenía de los más altos funcionarios del poder público.

El New York Times publicó que el gobierno de López Obrador emitió una advertencia inaudita a Washington, si no reconsideraba su decisión de ir tras Salvador Cienfuegos, México expulsaría a los agentes de la DEA; también aseveró que los Fiscales estadounidenses que habían construido el caso quedaron devastados, por el hecho de que sus superiores decidieron dejarlo.

El senador Demócrata, Bob Menéndez, quien ocupa un alto cargo en el Comité de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta, expuso que desestimar los cargos contra Salvador Cienfuegos era fomentar la impunidad y la decisión del procurador general William Barr y el secretario de Estado Mike Pompeo, además de que deben proporcionar de inmediato al Congreso y al pueblo los detalles de este acuerdo opaco, corre el riesgo de socavar la fe en el sistema judicial de Estados Unidos.

En la audiencia hubo manifestantes, quienes afirmaron que Cienfuegos no solo era culpable de narcotráfico, sino de crímenes de lesa humanidad.

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