Visitas
¿Verdadera gris navidad entre las rejas? En los últimos meses, las mujeres que han tenido un cargo político o bien estuvieron casadas con algún servidor público han sido parte de la palestra mediática, debido a que son detenidas por fraudes, desvío de recursos, asociación delictuosa y lavado de dinero, entre otros delitos, sin embargo, dos de ellas aún gozan de “libertad”
Entre ellas, se encuentra Rosario Robles Berlanga, quien en primera instancia, fue arrestada de manera preventiva al ser señalada de causar daño a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) por más de cinco mil millones de pesos.
Cabe destacar que el cargo por ejercicio indebido del servicio público que se le acusa se castiga con hasta siete años de cárcel. Por el momento la exsecretaria se encuentra en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla.
Como se recordará, Roble Berlanga, en la gestión de Enrique Peña Nieto, estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Se afirma que el desvío del dinero habría sido mediante 27 contratos firmados en 2016, por trabajos que no se hicieron, pero beneficiaron a personas físicas y empresas, sin licitación. Entre los beneficiados estaban universidades públicas estatales, televisoras locales, oficinas de Comunicación Social e Institutos tecnológicos del país.
Asimismo, fue la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quien imputó y detectó las irregularidades en 85 por ciento de los recursos que la SEDATU ejerció en 2016, en 19 contratos con entes y universidades públicas.
Entre los partícipes están la Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Politécnica de Chiapas, Politécnica de Hidalgo, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Universidad Tecnológica de Campeche, Politécnica Francisco I Madero en Hidalgo, Universidad Politécnica de Quintana Roo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y la Televisora de Hermosillo, S.A. DE C.V.
En el caso de SEDESOL las contrataciones eran para la contribución a los programas sociales. Todo era llevado a cabo mediante la Adjudicación directa, la cual determina que Si el gobierno contrata al gobierno no hay licitación.
Desde el 13 de agosto, Robles fue procesada y recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.
A partir del 20 de diciembre inició el periodo de recepción de pruebas en el proceso de juicio político para comprobar su inocencia.
LAS EMPRESAS FANTASMAS DE KARIME
Por otra parte, Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, es acusada por el desvío de recursos a empresas fantasmas cuando se desempeñaba como presidenta del Sistema para el Desarrollo de la Familia de Veracruz (DIF).
Se le adjudica utilizar al menos 112 millones de pesos del presupuesto de Veracruz para su uso personal, durante su gestión al frente del organismo público.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, el dinero se entregó en montos de mayor a menor los recursos a través de 119 contratos y con diferentes titulares de la dirección del DIF estatal.
La madre de tres hijos escapo del país en 2017, luego de la detención de su esposo por desviar presupuesto público, algo que se denunció con anterioridad, en la cual Duarte y los colaboradores entregaron contratos irregulares.
Después de todo el escándalo, Karime Macías se mudó a Londres, a uno de los barrios más lujosos de la ciudad para “continuar con su vida”.
Entre los objetos encontrados en una bodega con artículos de valor, presuntamente pertenecientes a la familia Duarte-Macías, se encontraron diversos diarios en los que Macías Tubilla anotó números de cuentas bancarias y una lista de propiedades en México y otros países.
De igual forma, apareció una libreta con la frase “Sí merezco abundancia” escrita en repetidas ocasiones, y de la cual ya existe un libro en el cual se asegura que la mujer tenía mucha injerencia en las decisiones durante el gobierno de Duarte.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó su extradición a México para someterla a juicio, sin embargo, luego de que se entregara voluntariamente, según sus abogados, se encuentra libre tras pagar una fianza de 150 mil libras esterlinas (3.6 millones de pesos) la cual le permite enfrentar en libertad.
Ante un tribunal federal, Karíme Macías aseguró ser víctima de una “cacería absurda” motivada por razones políticas, afirmó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en la gestión de Jorge Winckler, nunca persiguió a los responsables materiales del desvío que buscan imputarle.
Esto como parte de la impugna a la negativa del amparo que pidió contra la solicitud de extradición al Reino Unido y la orden de aprehensión.
MUJER DE 71 AÑOS EN LA LUPA DE LA JUSTICIA
Gilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), es acusada por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
La mujer de 71 años fue aprendida el pasado 24 de julio en Alemania mientras vacacionaba con sus nietos, y extraditada a México para enfrentar los cargos que se le imputan.
Es acusada luego de un depósito por 185 mil dólares a una cuenta personal del banco BBVA Bancomer, cuyo único beneficiario es su hijo quien, junto con su hermana, fueron acusados de triangulación de dinero en una empresa constituida en Suiza.
La FGR argumentó que el dinero provendría de la transferencia de sobornos de Odebrecht, como con un primer pago al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, de los supuestos cuatro millones de dólares, con la finalidad de obtener contratos.
Las autoridades indicaron que los 185 mil dólares, depositados el 26 de noviembre del 2015, no podían ser justificados con el sueldo de maestra particular que percibía.
A pesar de esto, Gilda Austin deberá llevar su caso con arresto domiciliario durante seis meses para que encuentren pruebas suficientes para retirar los cargos, así lo determino el juez debido a la edad de la mujer.
A la familia se le relaciona con los delitos cometidos con Odebrecht, una constructora brasileña que en diciembre de 2016 reconoció su inmenso sistema de corrupción en América Latina.
Gilda Margarita, junto con Marielle Helene Eckes, esposa de su hijo, presentaron un amparo contra la negativa de un juez federal de aceptar datos de prueba a fin de demostrar que no cometieron algún delito por el caso Odebrecht, sin embargo, fue rechazado.
En la actualidad, la madre de Emilio Lozoya se encuentra en prisión domiciliaria, ya que se consideró la edad de la imputada (71 años), su estado de salud y cuestiones de equidad de género.
