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Hugo Hernández
Ciudad de México.- Ante el riesgo que corren los trabajadores de la construcción al ser obligados por sus patrones a seguir trabajando, a pesar de que se les colocan sellos a las obras, se analiza en el Congreso de la capital castigar a los propietarios o responsables con 2 y 7 años de cárcel.
Carlos Castillo, diputado local de Morena, dijo que se trata de proteger a trabajadores de la construcción de los abusos de sus empleadores para que continúen las obras pese a sellos de clausura o suspensión, y las sanciones recaigan en las empresas y responsables legales de la construcción.
El legislador sostuvo que no es desconocida la detención de albañiles que –por acatar las órdenes de sus patrones- continúan construyendo, y están sin protección legal, además están expuestos a perder su trabajo y libertad, por el simple hecho de acatar la instrucción de su superior.
Por lo anterior, el legislador propuso reformar el artículo 286 del Código Penal para imponer de 2 a 7 años de prisión y de 100 a 500 días multa al titular, propietario o responsable de una construcción, anuncio o establecimiento mercantil que quebrante los sellos de clausura o suspensión.
Asimismo, planteó que al titular o propietario de una casa-habitación en construcción que por sí o por interpósita persona, quebrante los sellos de clausura, se aplicará pena de seis meses a dos años de prisión y de 50 a 150 días multa.
El legislador precisó que de acuerdo con el Censo económico del INEGI del año 2009, en México hay 704 mil 640 trabajadores dedicados a la construcción, 90 por ciento son hombres y 10 por ciento mujeres, sin embargo, cada vez más mujeres incursionan en esta actividad.
Finalmente, recordó que las obras de construcción emplean a un número importante de personas trabajadoras que a diario entregan su fuerza de trabajo con los riesgos que eso implica, en cuanto a su integridad física y personal, por ello es necesario proteger su fuente de trabajo y estabilidad.