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México.- La Coordinadora del GPPRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, advirtió que su partido insistirá en todas las vías legales a su alcance para anular la llamada “Ley Bonilla” de Baja California, entre ellas participar y promover el éxodo por la democracia e insistir en el juicio político a los legisladores que aprobaron ese atentado contra la democracia y los derechos ciudadanos.
En conferencia de prensa con las y los diputados y senadores, así como las y los dirigentes nacionales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la lideresa parlamentaria lamentó que se tenga que llegar a este tipo de acciones para defender el Estado de Derecho y la institucionalidad.
“Pero no tenemos de otra; no tenemos de otra cuando no hay respuestas sólidas, cuando hay oídos sordos y cuando hay una intención de vulnerar el Estado de Derecho por parte de Bonilla”, dijo en referencia al próximo gobernador de Baja California que, electo para dos años, pretende alargar su mandado un quinquenio mediante una ilegal reforma a la Constitución estatal.
Recordó que el Grupo Parlamentario que encabeza en San Lázaro ya demandó juicio político para las y los diputados locales de Baja California que aprobaron esa reforma, calificada ya por ese hecho como “Ley Bonilla”.
Anunció que tan pronto inicie el próximo periodo de sesiones del Congreso, insistirá a la Comisión correspondiente de la Cámara de Diputados iniciar ese proceso de juicio político, de tal manera que no quede impune ese atentado contra la legalidad y la democracia.
Negó cualquier validez legal a la mal llamada “consulta popular” que Bonilla y su grupo de seguidores pretenden impulsar para tratar de legitimar la reforma y la intentona ilegal de alargar su mandato.
Bonilla Valdez –dijo- “pretende a toda costa, ahora con una dizque consulta, estar por encima de la voluntad de quienes votaron en el pasado proceso electoral, el cual tuvo reglas y procedimientos que tienen que ver con la certeza jurídica, pero sobre todo con el derecho de las y los ciudadanos de elegir a sus representantes”.
Jaime Martínez Veloz, ex candidato del PRD a la gubernatura de Baja California, por su parte, anunció un éxodo de 15 días de Tijuana, Baja California, a la Ciudad de México a partir de la segunda semana de octubre para demandar a los tres poderes de la Unión detener esta afrenta a la legalidad.
Advirtió que hay un gran cúmulo de evidencias no sólo para que proceda el juicio político contra los diputados que se prestaron a la maniobra de Bonilla, sino también para procesarlos penalmente.
“Hemos interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Solicitamos los videos del lugar donde se reunieron para hacer el reparto del dinero, donde se habla de 200 mil a 400 mil dólares por diputado o por diputada para aprobar la “ley Bonilla”, para ampliar el plazo del periodo gubernamental de dos a cinco años”, afirmó.
Reiteró que es igualmente ilegal la “consulta popular” que el nuevo Congreso de Baja California, con mayoría del partido Morena, pretende realizar, pues tal figura no está prevista en la Constitución local para reformas a su propio texto ni para procesos electorales.
De hecho, hasta la postulación de Bonilla Valdez es ilegal porque era inelegible electoralmente ya que estuvo prófugo por fraude a instancias federales y estatales, y porque siendo diputado federal en México, pretendía ser candidato del Distrito de Agua de Otai, en Estados Unidos.
“Creemos que el señor Bonilla no puede ser gobernador ni por 5 años, ni por dos, ni por dos días, ni por dos minutos. Es decir, él indudablemente está en una clara y franca violación a la ley”, apuntó.
