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¿Quién en su sano juicio podría pedir que se financiara una estancia infantil donde corre peligro la vida de los pequeños?
Hacerlo, sin duda, es la antítesis del sentido común. Un atentado contra los derechos humanos.
Pero sí hay quien se atrevió a solicitar tal barbaridad: que se siga entregando dinero público a estancias que ponen en riesgo la vida de los niños. Es el mismo que cerró el caso Colosio con el mayor de los absurdos, contra la inteligencia de los mexicanos: la conclusión de que Mario Aburto fue un asesino solitario. Esa que ni en su casa le creen.
Se trata de Luis Raúl González Pérez, tristemente aún presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La dependencia recomendó al Gobierno Federal continúe la entrega de recursos públicos a estancias infantiles… ¡que ponen en riesgo la vida de los pequeños!
Sí, en la recomendación 29/2019 que la CNDH entregó el pasado 31 de mayo a cuatro dependencias del gobierno federal (destacadamente a la Secretaría del Bienestar), solicita que se restituya el subsidio a estancias infantiles privadas. Hoy, tal apoyo ya se entrega directo a los padres de familia.
La CNDH despreció el diagnóstico del DIF nacional difundido en febrero pasado: el 26% de esas estancias infantiles subsidiadas (por la entonces Sedesol) fueron catalogadas con “riesgo para los niños y requerían ser atendidas en el corto plazo”. Y peor: otro 40% de las estancias de plano era un “riesgo total y debían cerrar”.
Tal diagnóstico fue confirmado por la Auditoría Superior de la Federación, órgano de Estado que no depende de López Obrador.
Visto así, por supuesto que la CNDH le pidió al Gobierno violar los derechos humanos, como lo dijo AMLO el viernes pasado.
