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El dictamen devuelto a la Cámara de Diputados, adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria.
Con ello, se busca aportar elementos técnicos que sustenten posibles ajustes al contenido de los marcos jurídicos por parte del Congreso, a fin de reducir riesgos, irregularidades y opacidad en la gestión financiera del sector gubernamental.
Con su aplicación se obtendrán ahorros que no generarán impactos presupuestarios negativos, ya que se haría una reasignación de recursos a fin de mejorar la distribución y calidad del gasto, ahorros que derivarán de diversos rubros.
Prohíbe la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida, de separación individualizada o colectiva. Además, evitará el engrosamiento del aparato burocrático, la duplicidad de funciones y la generación de percepciones extraordinarias.
Con el nuevo ordenamiento quedan eliminadas las pensiones de retiro a los expresidentes, distintas de aquellas que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con lo que se busca dar un trato equitativo entre todos los ciudadanos.
También limita el uso de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado y de los recursos humanos al servicio del mismo. Su cumplimiento tiene fines de utilidad pública y de servicio directo a la población para reducir el costo al erario federal.
Los poderes Legislativo y Judicial, y los órganos autónomos tomarán las acciones necesarias para cumplir con la ley, cuando se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos. Los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana.
Con ella, se prohíben las delegaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el extranjero, salvo las correspondientes a las áreas de seguridad nacional e impartición de justicia. La representación del Estado mexicano en el exterior corresponde únicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Queda prohibido remodelar oficinas por cuestiones estéticas o comprar mobiliario de lujo, así como el derroche en energía eléctrica, agua, servicios de telefonía fija y móvil, gasolinas e insumos financiados por el erario.
Faculta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Púbica a emitir los lineamientos necesarios para establecer medidas de austeridad en la compra de vehículos, sistemas de cómputo y servicios generales.
Además, establece que ningún servidor público podrá disponer de seguridad personal de miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, en el ejercicio de sus funciones, salvo en los casos en la normativa que regule su actividad.
Los servidores públicos que se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado.
