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Una de las iniciativas más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador en su estrategia de combate al crimen organizado es, sin duda, la Ley de Extinción de Dominio. Finalmente, después de casi 7 meses, va a aprobarse en el Senado de la República.
Esta Ley no sólo va a contribuir para el combate al crimen. Dará otra aportación social, mediante el Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado, creado recientemente por López Obrador.
A través de ese Instituto se va a entregar dinero a las comunidades más pobres del país. Los recursos van a salir del remate, la venta de los inmuebles y otras propiedades que se incauten a la delincuencia organizada y a políticos corruptos (que pulularon en las administraciones de Enrique Peña y Felipe Calderón, para no ir más atrás).
También servirán para apoyar la reparación del daño a las víctimas del delito. Durante al menos los últimos 20 años, fue un reclamo de los grupos progresistas tener una ley de este tipo.
Bien usada, se ha demostrado en otros países, es una gran herramienta para asestar golpes certeros a las estructuras económicas y financieras del crimen organizado, y debilitarlos verdaderamente.
Se prevé que este martes se apruebe en el Pleno del Senado esta Ley. La labor de negociación del presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, no fue fácil. ¿Por qué?
Entre otras razones, porque en las filas de esa cámara alta hay varios de esos políticos con señalamientos de corrupción escudados en el fuero. O en el mejor de los casos, que han pertenecido a gobiernos de probada corrupción. Imagínense: ¡Hasta esos políticos respaldan la Ley! Falta ver qué dice Obrador cuando se apruebe, porque ha expresado su descontento hasta con sus legisladores.
