Visitas
En 2019, el gasto público en seguridad es de 239 mil millones de pesos, equivalentes a 0.96% del PIB y a 4% del Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir, un presupuesto menor a lo que gastan países de la OCDE y América Latina, según el análisis de ‘Gasto Público en Seguridad’, realizado por el organismo Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
El país pasa por la peor crisis de seguridad de la que tenemos memoria en los tiempos recientes, aseguró el director General del ONC, Francisco Rivas, quien señaló que el presupuesto destinado a esa problemática no atiende las necesidades.
“La prevención del delito está siendo una burla, no hay prevención en nuestro país porque a lo que estamos destinando a la prevención, es simple y sencillamente a mantener la seguridad pública y quien se está llevando los recursos es el Ejército”, mencionó.
En conferencia de prensa, el directivo admitió que no deben sorprender los altos niveles de impunidad que tiene, toda vez que el gran olvidado es precisamente la procuración de justicia. “Además de que para este sexenio, ese rubro trae un recorte del 30% del presupuesto, por lo que México no debería estar gastando la mitad de lo que gastan los países de la OCDE y los de América Latina, debería estar gastando el doble, y gastar bien”.
Sobre los 6 mil elementos de la Guardia Nacional desplazados a la frontera sur de México para inhibir el paso de migrantes, Franciso Rivas lo calificó de preocupante debido a que dichos uniformados carecen de capacitación y de su proceder en este caso.
“La verdad es que una institución como la Guardia Nacional requiere de un proceso de construcción y, de nuevo, estamos enviando a una institución absolutamente incapaz de ser institución porque no se le ha dado el tiempo, a hacer algo de lo que ni siquiera está claro qué es lo que van a hacer”, subrayó.
Dijo que todo se enmarca dentro de una ‘crisis autogenerada’, pues hay una absoluta inconsistencia en lo que se entiende por la migración en México, ‘pasamos de un documento en el que se habla de protección a los derechos y de apoyar a los migrantes, a otro en extremo que criminaliza el proceso de migración en nuestro país. Para empezar no sabemos qué es lo que pensamos acerca del migrante”.
