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El hecho que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya transparentado los salarios de casi un millón y medio de funcionarios y empleados sin duda es un avance.
Aunque no es novedad, sí agiliza y presenta de manera sencilla y amable al ciudadano, la posibilidad de tener tal información. Se agregan en la transparencia a más de un millón de empleados.
Ya se podía saber cuánto ganaba un funcionario o empleado, pero se requería de un par de pasos adicionales: primero saber el cargo para encontrar la clave presupuestaria o salarial. Ya después revisar sus remuneraciones, que igual venían desglosadas, como ahora.
Sin embargo, en materia de transparencia sobre los servidores públicos, hay un pendiente muy importante que debería considerar López Obrador.
Resulta que es común que algún exfuncionario público del gobierno federal, que fue sancionado e inhabilitado para trabajar en esa instancia, se contrate en la administración de un municipio, estado, Poder Legislativo, Judicial o incluso entidades autónomas. Los ciudadanos no podemos saber si existe una sanción o inhabilitación a nivel federal, porque cuando se solicita por la vía del portal de Transparencia ante la Secretaría de la Función Pública información al respecto, la dependencia los protege, y se niega a responder. Ojalá López Obrador sea enterado de esto e instruya a la dependencia para que no oculten los nombres de los malos funcionarios y se evite que, estando inhabilitados a nivel federal, puedan laborar en otros niveles de gobierno.
