Visitas
Ciudad de México.- De cuatro y hasta siete años de prisión para quien acceda, investigue y sustraiga información privada o identificable sobre una persona, de equipos de cómputo, redes sociales privadas, sistemas informáticos, o teléfonos móviles, sin el consentimiento de una mujer o persona afectada.
La propuesta del diputado del PRI, Miguel Ángel Salazar Martínez, busca regular la sustracción ilegal de la información privada de equipos de cómputo, redes sociales privadas, sistemas informativos o teléfonos móviles sin el consentimiento, para exhibirla o amenazarla, con exhibirla a través de medios impresos, grados o digitales.
Se aclaró que esta información queda estrictamente prohibida para exhibirla por cualquier medio, ya sea impreso, grabado o digital, con el fin de causarle un daño.
Lo anterior, con el fin de causarle un daño y obtener una acción u omisión contraria a la voluntad de la víctima, un beneficio personal o para un tercero, dejando como excepciones la investigación de los delitos que por obvias razones, es de interés general.
La iniciativa que añade un capitulo XVIII, al Libro Segundo referente a los delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre sin violencia, señala que las penas previstas en el presente capítulo se agravan en una tercera parte cuando exista una relación jerárquica entre las partes involucradas; y cuando la conducta tipificada, sea realizada en contra de una mujer.
A este tenor, cuando la persona que comete alguno de los delitos del presente capítulo es servidora pública, además de las penas mencionadas, se le destituirá e inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión en el sector público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta.
De acuerdo con el informe ‘Violencia política a través de las tecnologías contras las mujeres en México’, realizado por el colectivo feminista Luchadoras, en el pasado proceso electoral se identificaron 84 ataques contra 62 candidatas distintas en 24 estados del país.
“La gran conclusión del informe es que las candidatas son agredidas porque son mujeres y porque son mujeres incursionando en la política. Eso definitivamente las coloca en un lugar de desventaja respecto a la contienda electoral, no tuvieron las mismas condiciones para contender y ejercer sus derechos políticos”, dijo el diputado.
Estos ataques pueden ser cualquier amenaza que se comente a través de un dispositivo electrónico como el celular o computadora, y se realizan con un mensaje de texto, un mensaje de Whatsapp, un tuit o un posteo en Facebook.
Advirtió que si llega a ocurrir la publicación de la información privada, no solo generaría acoso, burlas, o malos comentarios, sino, también, podría poner en riesgo la vida y la integridad de las personas, y no solo pensando en un suicidio, sino en otros delitos que pudieran derivar de la publicación de la misma.
