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Los imputados fueron procesados por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.
Ciudad de México.- Un grupo de seis ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorialidad y Urbano (Sedatu) fue vinculado a proceso por presuntos desvíos de 839 millones 769 mil 480 pesos, en el caso denominado “Estafa Maestra”.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los imputados fueron procesados por jueces de control de la Ciudad de México por cuatro expedientes en los que les imputan los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.
El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y el subprocurador en Delitos Federales, Felipe Muñoz Vázquez, dijeron en conferencia de prensa que los imputados llevan sus procesos en libertad, debido a que los delitos que les atribuyen no ameritan la prisión preventiva oficiosa en el nuevo sistema penal acusatorio.
Aunque se les insistió en que dieran a conocer los nombres o los cargos de los ex funcionarios, dado que fueron procesados en una audiencia pública y por tanto su situación no corresponde al de un indiciado en la investigación inicial, los mandos de la FGR se negaron a revelarlos, con el argumento de que querían evitar cualquier violación al debido proceso.
Gertz informó que de 2015 a la fecha la FGR ha iniciado tres averiguaciones previas contra siete funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y 20 carpetas de investigación contra 57 presuntos implicados.
De estas últimas, se judicializaron los cuatro expedientes que derivaron en los seis procesamientos.
Muñoz Vázquez detalló que, en el caso de las averiguaciones bajo el sistema de justicia tradicional, dos están avanzadas en un 70 por ciento, aunque suspendidas por jueces de amparo, y la otra ya ha sido concluida y han elaborado el pliego de consignación para solicitar órdenes de aprehensión.
El subprocurador expuso que hay seis amparos de ex funcionarios contra los citatorios de los jueces de control para que comparezca a las audiencias de imputación; al mismo tiempo, existe una apelación contra el fallo de un juez que determinó no vincular a proceso a un imputado.