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FINALMENTE SE PUBLICÓ LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES QUE IMPULSÓ MORENA AL INICIO de este periodo legislativo, con la desaprobación del resto de las fuerzas políticas. El fondo de esta Ley no está en discusión, era importante regular el Artículo 127 constitucional, pero, si había un interés genuino en legislar este vacío jurídico, ¿por qué hacerlo al vapor? ¿y sin sumar una sola de las recomendaciones de la oposición?
En principio, quiero resaltar que no hay novedad en el proyecto que se publicó, ya que la mayoría de los preceptos están contemplados en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de la Federación, y en documentos donde se desglosan los límites de las remuneraciones. Sin embargo, considero imperante realizar una crítica sobre complicaciones que encuentro en esta nueva legislación.
En primer lugar, no incluye un apartado de definiciones. Y es relevante, ya que deberíamos estar discutiendo qué es una remuneración y cuáles conceptos incluye. Por ejemplo, la establecida en los tabuladores en realidad no se refiere a un salario integrado, porque el sueldo de un Presidente, más que un salario, es un ahorro neto, dado que, por separado, cuenta con muchas otras compensaciones.
Además, el artículo 3º, que menciona los principios rectores que regirán las remuneraciones, no toma en cuenta principios básicos como la legalidad, la imparcialidad y, sobre todo, la igualdad, al menos no en los términos establecidos en el artículo 1º de la Constitución.
Circuló en redes sociales un tabulador que revela una disminución del 70% en el sueldo de los mandos medios. Y me apena que el debate esté centrado en cuánto hay que disminuir el sueldo de los burócratas, en lugar de estar analizando qué cargos de Gobierno tienen mayor responsabilidad, para así alcanzar un salario justo.
Y así llegamos a este momento de la historia, con una ley de remuneraciones con grandes deficiencias, bajo un marco jurídico obsoleto y que no abona en la consolidación del Gobierno eficiente que demandan los ciudadanos.
