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México es un país de desorden. Este viene desde su gobierno que no lleva el control de materialmente nada, excepto los impuestos que pagamos empresas y personas que no formamos parte de los ricos de Forbes.
En materia de indocumentados centro y sudamericanos, así como de otras naciones, no hay ni una idea de cuántos caminan libremente en el país, con lo que se convierten en una carga financiera para los mexicanos.
Sin caer en la reflexión humanitaria, vemos que en materia económica esos indocumentados estaban hace apenas 5 años limitados a algunos pueblos en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. Hoy, los vemos mendingar en el centro del país, sin que nadie se haga cargo de ellos desde el punto de vista humanitario o jurídico, ya que están en el país ilegalmente.
Es tan grave la falta de información que, ni la Secretaría de Gobernación, ni el Instituto Nacional de Migración, tienen datos de las solicitudes de nacionalización o asilo político. Se estima, porque nadie lo sabe, que suman en este rubro más de 20 mil refugiados. De 2011 a 2015, según estimaciones de la Cámara de Diputados, el número de solicitudes se incrementó un 55% y, de éstos, más del 41% representan a menores de 18 años.
Según cálculos de organismos humanitarios, cada indocumentado que encuentran en las calles, representa un gasto de 100 pesos diarios el tenerlos en asilos. Sin embargo, muchos de ellos son víctimas de criminales organizados, por un lado, y de policías y agentes de Migración por otra.
En algunas regiones del país, se convierten en esclavos de trabajo o sexuales. A un indocumentado, en México, le pagan entre 20 y 50 pesos diarios, por trabajos que ameritan cuando menos 2 salarios mínimos. Trabajan jornadas de 16 horas diarias los 7 días de la semana. Un crimen que tolera el gobierno.
