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La Consejería Jurídica de la Presidencia, presentó el pasado 11 de octubre, una controversia Constitucional para ampararse ante posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales de Chihuahua contra cualquier funcionario federal, incluyendo al presidente Peña.
De acuerdo a información publicada por Reforma, si procede la controversia Constitucional presentada por la Consejería Jurídica Presidencial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ), el presidente Enrique Peña Nieto quedaría blindado ante cualquier acción penal, y no sólo él, sino también todos los integrantes de su gabinete, ante cualquier investigación, citatorio u orden de aprehensión.
En el documento presentado ante la SPJ se nombra al gobernado Javier Corral, a la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua y al Poder Judicial local.
Esta acción legal viene tras las declaraciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien hace unas semanas dijo que la “justicia alcanzaría” al presidente Enrique Peña Nieto toda vez que Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI, fue liberado el 28 de septiembre, situación que Corral calificó como un acto de protección del ejecutivo federal para el priista, acusado del presunto desvío de 250 millones de pesos.
