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Héctor García
Más de cien locatarios de la plaza comercial en Metro San Lázaro, denunciaron que el Gobierno de la Ciudad de México violó un decreto presidencial para favorecer a la empresa de transporte de pasajeros Autobuses de Oriente (ADO), quien pretende ampliar sus negocios con la construcción de un centro comercial propio, de más de 27 mil metros cuadrados.
Pero lo más grave es que el GDF le autorizó utilizar parte del espacio que es propiedad del Sistema de Transporte Colectivo- Metro, para la construcción del centro comercial, poniendo en peligro la integridad de miles de usuarios.
El representante legal del fideicomiso 421-6 B.N.C.I., Mario García Ramírez, dijo a Grupo Cantón que el 25 de noviembre de 1993 bajo la escritura pública 57 PIF, se concretó el traslado de dominio del polígono No. 5 en favor del fideicomiso antes mencionado, así como la protocolización del contrato de Fideicomiso, como lo establece la Ley.
Explicó que por decreto presidencial se autorizó el usufructo del espacio público (afuera del Metro San Lázaro) exclusivamente para construcción de un mercado que albergaría comerciantes que venían ejerciendo el comercio en la vía púbica en la zona de San Lázaro, estableciendo con esto la utilidad pública de dicho inmueble, sin embargo, el GDF se pasó por el arco del triunfo el decreto para entregar a ADO la concesión para un CETRAM y el centro comercial.
Por esa situación los locatarios, anunció Mario García Ramírez, se ampararon, obteniendo a su favor el primer fallo, anunciando que mantendrán vigente el litigio hasta revocar el agandalle del GDF para favorecer a intereses económicos privados.
Dejaron en claro que no están en contra de que los grandes empresarios inviertan, pero dentro del marco de la ley, que los locatarios no sean despojados, que sean reubicados temporalmente y devueltos a sus centros de trabajo, que sean tomados en cuenta en el nuevo proyecto comercial o en su caso que sean indemnizados de acuerdo con la ley, así como por la mercancía y bienes de los que fueron despojados.
El represente legal de los locatarios, denunció que el 3 de abril del año pasado, sin mediar conciliación, el Gobierno de la Ciudad de México expropió el polígono número 5 ubicado en avenida Eduardo Molina número 33, colonia 7 de julio, delegación Venustiano Carranza, entre Ignacio Zaragoza y calle de Artilleros, a un costado de Cetram San Lázaro y el Metro del mismo nombre.
Mario García Ramírez, recordó que dicho decreto presidencial dio origen a que fueran donados los polígonos 1, 2, 3, 3BIS, 4, 6 y 7 al entonces Departamento del Distrito Federal con la consigna de utilizarlos exclusivamente como paraderos.
“Estableciéndose en el artículo segundo de dicho decreto: Si el Departamento del Distrito Federal no utilizare los polígonos cuya donación se autoriza en su favor o les diere un uso distinto al previsto, sin la previa autorización de la Secretaría de Desarrollo Social, dichos bienes con todas sus mejoras y accesiones revertirán al patrimonio del Gobierno federal. Esta prevención deberá insertarse en el título de propiedad que al efecto se expida.
Aun así, el representante de los locatarios explicó que el Gobierno de la Ciudad de México, con la finalidad de otorgar a ADO la remodelación del Cetram San Lázaro, inició el 2 de marzo de este año la declaratoria de utilidad pública del polígono 5 mencionado, así como la tramitación posterior para la emisión del decreto expropiatorio del pasado 3 de abril de 2017, llevando a cabo diversas irregularidades:
Expropiación de un inmueble propiedad o titular de los derechos de dicho fideicomiso Banco Nacional de Comercio Interior a la fecha es el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal.
Falta de notificación al titular de los derechos a su representante u ocupantes de dicho inmueble de la declaratoria de utilidad pública, acuerdo en donde se ratifica la utilidad pública y del decreto expropiatorio.
Violación de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en donde se establece la protección de los bienes en fideicomiso.
Ejecución del decreto expropiatorio antes de su publicación, misma que surtía efectos el día 3 de abril y el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaria de Gobierno y de su subordinada Dirección General de Gobierno llevaron a cabo la posesión física del inmueble, sin mostrar oficio, decreto o autorización alguna, desapoderando a los legítimos propietarios (fideicomitentes por adhesión) de sus locales, artículos personales, enceres y mercancías.
Ejecución del decreto por autoridad distinta a la autorizada en el decreto publicado el 3 de abril de 2017 en la Gaceta Oficial de la CDMX, siendo la autorizada la Oficialía Mayor.
Destrucción del inmueble con la finalidad establecer un acto consumado y dejar a los locatarios en estado de indefensión al privarlos de la posibilidad fidedigna de un avalúo real, para acatarlos a un avalúo irregular hecho con anterioridad a la expropiación.
Ante dicho agandalle del Gobierno capitalino, los locatarios promovieron dos juicios de amparo ante la competencia de los Tribunales Federales de esta Ciudad, signándole los números 614/2017 y 675/2017 tramitados ante los juzgados Décimo Primero y Décimo Sexto, resultando que en el primer juicio de amparo mencionado de ha diferido por dos ocasiones consecutivas la audiencia constitucional debido a la presentación de dos recursos de queja en los que el tribunal colegiado de circuito ha fallado a favor de los locatarios ordenando al juez inferior lo conducente.
Además, actualmente se encuentra en trámite procesal un tercer recurso de queja que tiene como intención obtener la información de la autoridad que sin mandato alguno destruyó ilegalmente la plaza comercial del fideicomiso.
Respecto al segundo juicio de amparo, explicó Mario García Ramírez, se obtuvo una resolución favorable en el que la justicia de la unión ampara y protege a los quejosos ordenando que se deje lo insubsistente todo lo actuado a partir de la ilegal notificación de la declaratoria de utilidad pública, resolución que el Gobierno de la Ciudad de México, combate a través del recurso de revisión interpuesto en contra del amparo otorgado sin que a la fecha exista una sentencia respecto al recurso mencionado.
DATO
Se presentaron denuncias de hechos respecto a la ilegal expropiación ante Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Contraloría Interna de la Ciudad de México y Procurador General de Justicia de la Ciudad de México. CI-FSP/B/UI-B-2 CD 1240/04-2018
SABÍAS QUE
Locatarios afectados solicitaron intervención de la Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ya que en diferentes foros ha dicho que terminará con las privatizaciones de los espacios públicos
100 Locatarios, a punto de perder su patrimonio
27 mil metros cuadrados mide la plaza
