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Nadie podría establecer a ciencia cierta el costo de la impunidad en el país. Sin embargo, en México se estima que podría superar el billón de pesos. No es complicado revisar los daños que genera a la economía de los 130 millones de mexicanos, ya que no sólo afecta a los empresarios que sufren extorsiones o asaltos; de las personas que son asesinadas o heridas en atracos; de quienes son víctimas de asaltantes que impunemente y se ocultan entre los “decentes”. A todo ello se incrementan muchos factores que se inscriben en la economía negra de cualquier nación que va desde la esclavitud de hombres, mujeres y niños para trabajos o prostitución; la negligencia de médicos en sus actividades cotidianas que lesionan o matan a sus pacientes; de ingenieros o arquitectos que no cumplen con la reglamentación al construir, para ahorrarse unos pesos y llevárselos a la bolsa, aunque sus edificaciones se desplomen.
Por si fuera poco, a los administradores públicos que exigen dinero para cumplir con sus trabajos o de aquellos que se apoderan del dinero de los contribuyentes por el simple hecho que no están auditados. De maestros universitarios que roban recursos para investigaciones o simulan hacerlas para cobrar y repartirse con empleados privados desleales la “cuota”. La corrupción es un fenómeno que corroe a la sociedad y de ello se han colgado los discursos políticos; de aquellos que han demostrado incompetencia en la guerra contra ese flagelo social y que son también corruptos.
No aplicar la ley, es un factor que lleva a la impunidad y ésta la practican decenas de miles, quizá cientos de miles. Por ello, no es disparatado que sea más de 500 mil millones de dólares anuales lo que se pierde.
