Hacen un llamado al Gobierno a desistir de cualquier presión sobre la...

Hacen un llamado al Gobierno a desistir de cualquier presión sobre la Suprema Corte

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Ciudad de México. El senador Miguel Barbosa Huerta hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que no acepte ninguna presión en torno a la acción de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.

El vicecoordinador político del PT-Morena solicitó al Gobierno federal “desistir de cualquier pretensión de incidir sobre la Corte en el tema de seguridad interior”.

Barbosa Huerta aseguró que ya se han presentado actos de presión en contra del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, cuyo Ayuntamiento presentó una controversia constitucional contra dicha ley, aprobada en el Congreso a finales del año pasado.

“Ha habido presión contra el ayuntamiento de San Pedro Cholula por haber interpuesto una controversia constitucional. La SEDENA ya retiró una especie de vigilancia general al municipio y recorridos que hacían unidades. El Ejército ya suspendió ese patrullaje”, denunció el senador poblano.

En el caso de la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores, “vamos a ver qué tanto el Poder Ejecutivo presiona a la Corte. Es un tema muy complejo, he visto cómo en la Corte se hace política, yo veo que el Ejecutivo va a presionar mucho. Ya ha habido otras controversias en las que se esperaba que la Corte tuviera autonomía e independencia y no se ha mostrado así”.

“No quiero referirme inadecuadamente a algún ministro, son juristas muy preparados, ésta es una prueba de una ley inconstitucional a la vista y por eso queremos nosotros darle seguimiento”, subrayó.

Miguel Barbosa Huerta explicó que la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, presentada por senadores del PT-Morena, PRD, PAN e independientes, se sustenta en que es violatoria de diversos artículos constitucionales y en que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en esta materia.

Dijo que la Ley de Seguridad Interior es violatoria del artículo 21 constitucional, porque en éste se define que la seguridad pública es una acción que desarrolla el Estado en sus tres órdenes de gobierno y que está a cargo de instituciones de carácter civil, no de Fuerzas Armadas.

Además, esa ley contraviene el artículo 76, fracción VI, de la Constitución, pues en él se establece que el Presidente tendrá facultades en materia de seguridad nacional y dispondrá de las Fuerzas Armadas para asuntos de seguridad interior y defensa exterior.

Es decir, agregó el vicecoordinador político del grupo parlamentario PT-Morena, la seguridad interior fue puesta por el Constituyente Permanente en el articulo 76 como aquella por la cual el Presidente de la República puede disponer del total de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento del orden constitucional.

“El orden constitucional es aquel que se pierde en casos de una invasión o por una alteración interna del país, y para eso tiene que disponer el Presidente del total de las Fuerzas Armadas y, por tanto, no se puede desarrollar hoy en una ley secundaria el término de seguridad interior cuando el constituyente del 17 le dio esa connotación de restablecer el orden constitucional, diferente al término de seguridad pública”, explicó.

Miguel Barbosa Huerta precisó que, de acuerdo al artículo 73 de la Carta Magna, el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior, “primero tuvo que haberse hecho una reforma para que pudiera tener competencia para legislar en esta materia, competencia al artículo 73 constitucional”.

Asimismo, dijo, la Ley de Seguridad Interior contraviene muchos de los acuerdos internacionales firmados por nuestro país y que forman parte del Sistema Jurídico Mexicano.

El senador Miguel Barbosa consideró que sin duda habrá presión por parte del gobierno de la República para sacar a favor esa ley, por lo cual se dará seguimiento a lo que determine la Corte en su análisis correspondiente.

“El combate a la delincuencia organizada no se puede entender hoy sin la participación del Ejército y la Marina, pero no podemos aceptar como válida una ley inconstitucional por la cual la autoridad civil quede sometida a la autoridad militar, es inaceptable”, sostuvo.

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