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Contexto

Presupuesto 2018 (parte 2)

El legislador recordó a los diputados federales y al Jefe de Gobierno, que hay miles de capitalinos que están todavía en las calles de la ciudad, que no tienen dónde quedarse, que padecen de desabasto de agua, y que hay miles de niños de la Ciudad de México que todavía no pueden regresar a tomar clases en sus instalaciones educativas.

Dijo que el gobierno capitalino en lugar de invertir en plantas debería de enfocarse en atender el problema de desabasto de agua potable que existe en Tlalpan, Tláhuac, en Iztapalapa, en Xochimilco, y otras delegaciones, donde el sismo dañó las tuberías. “No tenemos una atención prioritaria por parte del Gobierno de la ciudad para reconstruir esa infraestructura hidráulica, y tampoco vemos un programa para dar abasto gratuito de agua a través de pipas en esas zonas”, denunció. Pero el tema de la corrupción tiene preocupado a muchos sectores, entre ellos al Poder Judicial, pues a los funcionarios de menor jerarquía no les importa acatar las sentencias.

Hay que recordar que hace unos días, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la destitución y consignación penal del jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, así como a su antecesor, José Manuel Ballesteros López, por haber desacatado una sentencia definitiva de amparo que favorecía a varios trabajadores de dicha delegación. Al resolver el incidente de inejecución de sentencia 296/2016, el Pleno de la Corte consideró que ambos funcionarios en su momento incumplieron con la sentencia de amparo que ordenó el cumplimiento de sentencia emitida por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que establecía, que a diversos trabajadores se les pegaran diferencias de salarios y aguinaldos, así como sus nombramientos de verificadores a Gabriela Reyes y Felipe del Callejo, entre otros, y que se les entregaran las herramientas necesarias para el desempeño de su trabajo.

Sin embargo, tanto Ballesteros López como Moreno Rivera, evadieron su responsabilidad y se negaron a cumplir la sentencia de amparo en favor de los trabajadores demandantes, por lo que un tribunal colegiado envió al pleno el incidente de inejecución y el jefe delegacional quedó destituido del cargo y se le consignará ante un juez de distrito en materia penal, lo mismo a Ballesteros López

La Reconstrucción

 

La gran encrucijada pa­ra el gobierno de Enri­que Peña Nieto será, sin lugar a dudas, la reconstruc­ción, puesto que si no se lo lo­gra en un plazo relativamente corto, las cosas no sólo se com­plicarán, sino que pueden bro­tar nuevamente muchos fren­tes de violencia, con la gente enardecida por no ser atendi­dos debidamente por parte de las esferas gubernamentales.

Si el gobierno logra que el llamado voto verde –campesi­nos o rural–, de aquí a diciem­bre, con la entrega de los apoyos económicos combinados entre los Gobiernos federal y estata­les, para que los propios pueblos o comunidades –fundamental­mente de Chiapas, Oaxaca, Pue­bla y Morelos–, inicien de inme­diato la reconstrucción de sus hogares con un monto inicial de aproximadamente 120 mil pe­sos, puede llegar a ser un hecho muy beneficioso electoralmente.

Y si a esto se le suma un tra­bajo coordinado entre los gobier­nos federal y capitalino, para que la reconstrucción de edificios, ca­sas, escuelas, hospitales y comer­cios, logre avanzar sin contra­tiempos y sin que las organiza­ciones sociales que pertenecen al PRD y a Morena, pretendan sa­car provecho de la situación, el panorama cambiará para el PRI, sin necesidad de estar vendien­do electoralmente la ayuda.

Por ejemplo, el Partido del Trabajo en la Ciudad de Méxi­co hizo un llamado para que una vez pasada la emergen­cia por el terremoto del pasa­do 19 de septiembre, se impi­da que vivales de manera frau­dulenta, ingresen en los censos de afectados que realizan las au­toridades, desplazando a mexi­canos que se quedaron sin ho­gar y viven en las calles o cam­pamentos improvisados.

Magdalena Núñez Monreal, comisionada del PT en la capital recomendó comprobar la iden­tidad de los afectados con certe­za, pero a la vez con celeridad, porque “si cruzamos informa­ción vía redes sociales, medios de comunicación y entre los mismos vecinos podremos or­ganizarnos para erradicar infil­trados e impostores. Ya no que­remos más simuladores que se hacen pasar por damnificados”.

Lo anterior porque esos he­chos ya ocurrieron con integran­tes del Frente Popular Francisco Villa que invadieron un predio de la colonia Juárez, con inten­ciones de ingresar en el censo de la delegación Cuauhtémoc y po­der acceder de manera fraudu­lenta a una vivienda, quitán­dosela a los verdaderos damni­ficados. “Esperamos que no se repita lo que sucedió en 1985 donde personas se hicieron pa­sar por afectados al no contar­se con censos confiables.

Estés postraumático (parte 2)

Los veteranos de la guerra de las Islas Malvinas, que no tuvieron la posibilidad de contar con asistencia psicológica y contención emocional post-guerra, la presencia de este síndrome se encuentra asociada a un estilo atribucional desadaptativo o pesimista, como así también a mayores niveles de neuroticismo y menores de extraversión en comparación con la población general, lo que se traduce en mayores niveles de ansiedad flotante, escasa capacidad de control de los impulsos, inestabilidad emocional e incapacidad para generar y mantener relaciones sociales estables.

Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para revisar todo lo concerniente a la validez de la Constitución de la Ciudad de México y el país comienza a conocer todo con respecto al proceso electoral del año entrante, donde se elegirá un nuevo presidente de la República y se renovará la totalidad del Congreso de la Unión y varias gubernaturas y congresos locales, sale una nueva revista digital, que se llama Proceso Jurídico. Esta revista, única en el mercado de las telecomunicaciones y que está dirigida al público en general, pero en especial para estudiantes, abogados, maestros de derecho, jueces, magistrados y ministros, empresarios y funcionarios, abordará temas jurídicos innovadores, en un lenguaje sencillo y llano que permita a nuestros lectores entender los cambios. Los temas de actualidad, las nuevas tendencias, transformaciones en el mundo legal y derechos humanos, novedades editoriales y todo lo que tenga que ver los asuntos nacionales, serán tratados en esta nueva publicación, cuyo fin –aunque parezca ambicioso–, es ser un referente, en los asuntos que se aborden. Con una periodicidad mensual, abarcará, entre otros asuntos, los derechos de los consumidores, de las audiencias, de autor, de transparencia y rendición de cuentas, temas que tienen que ver con la creación de nuevas leyes secundarias, el nuevo sistema de justicia, incluyendo el acusatorio y el penal, competencia económica, avances tecnológicos y nuevas concesiones, responsabilidad del Estado, asuntos fiscales y de comercio exterior, apertura de mercados, tratados de libre comercio, derechos laborales y la tenencia de la propiedad.

Mientras que la tendencia mundial muestra que la mayoría de los impresos como periódicos, semanarios y revistas especializadas, disminuyen sus tirajes y los anunciantes son cada vez más escasos, las publicaciones digitales han crecido, algunas de ellas se han venido a posicionar en el mercado nacional tanto por el número de visitantes, como por el volumen de anunciantes –públicos y privados–. Y si esto va respaldado por una agencia de noticias, la revista digital se fortalece, sobre todo, si aborda temas de actualidad y respalda con información y orientación, sus contenidos.

¿En qué piensan?

Miles, quizá millones de mexicanos, diariamente están pensando en la reconstrucción de viviendas y que en el mercado nacional se generen suficientes fuentes de empleo, aceptablemente remunerados, para poder mejorar los ingresos de las familias.

Estos pensamientos, se reflejan en las redes sociales y no necesariamente porque de manera directa hayan perdido sus viviendas. No. Estos pensamientos reflejan claramente que les afecta de manera indirecta, ya sea por un pariente, un vecino o un amigo o un compañero de trabajo. Y lo que les preocupa es que tanto el dinero público o privado destinado a la reconstrucción, sea verdaderamente entregado a los afectados y no a miles de vivales protegidos por la impunidad.

Muchos mexicanos que dicen estar suficientemente instruídos y capacitados para desempeñar un empleo, no lo encuentran, mientras que el presidente Enrique Peña Nieto, se pavonea y no hay foro al que acuda que no diga que en su sexenio se rompió el récord de nuevas fuentes de trabajo como lo muestran las cifras del IMSS.

Pero nuevamente miente, pues no dice que su gobierno ha permitido que las empresas evadan el pago de cuotas al propio IMSS y al Infonavit, mediante la subcontratación disfrazada, además de que no están permitiendo que los trabajadores generen derechos y los obligan a firmar nuevos contratos con otras razones sociales, en plazos que no rebasan de un año.

Pero el tema de preocupación es, sin lugar a dudas, la corrupción y por ello miles de personas se preguntan diariamente cuáles serán los mecanismos confiables y revisables para que los recursos destinados a la reconstrucción lleguen con transparencia y eficiencia a sus verdaderos y legítimos destinatarios.

Apenas la semana pasada, el hombre más rico de México, Carlos Slim, anunció que entregará una bolsa económica de 2, 373 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas que resultaron dañadas tras el sismo del pasado 19 de septiembre, con un saldo total de 369 muertos.

En rueda de prensa para dar a conocer su plan de ayuda para la reconstrucción de viviendas dañadas, el presidente vitalicio de Grupo Carso dijo, “el gobierno ha respondido rápido, creo que ha respondido muy bien. Desde los primeros días ha habido presencia, se han establecido mesas de trabajo bien coordinadas y ha sido una decisión inteligente del gobierno invitar al sector privado a participar, a contribuir”.

Que lo den por “muerto” (parte 2)

Javier Coello Zuarth, hijo del exfiscal de hierro, sostuvo que el exfiscal violó principios rectores del sistema penal, como la presunción de inocencia y derecho a la intimidad y privacidad e infringió disposiciones legales, desacató una orden judicial y violó los derechos humanos de su cliente. Alejandra Barrales, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que este caso es una demostración del porqué “tenemos que sacar al PRI de Los Pinos y cambiar el régimen político, mientras que el panista Ricardo Anaya, manifestó que la remoción de Nieto Castillo resulta “contraria al interés nacional de contar con una procuración de justicia imparcial y objetiva.

Es inaceptable que esta destitución se produzca en medio de la profunda investigación sobre los presuntos sobornos de Odebrecht al extitular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, durante la campaña presidencial de 2012. Además, esta decisión de la Procuraduría General de la República enrarece el ambiente de cara a la elección presidencial del próximo año, ya que da la impresión de que se pretende tener un titular de la Fepade a modo”. En los hechos, Santiago Nieto aventó la toalla antes de que llegara el último round, pero ya había ganado la pelea por descalificación.

¿Fue una decisión personal? ¿Hubo negociaciones de alto nivel? ¿Acoso? ¿Amenazas como afirma la oposición? Son preguntas que todavía no tienen respuestas. Por otra parte, la investigación del fraude del PT con recursos públicos se amplía cada día más y está involucrando a nuevos actores. Además de la esposa de Alberto Anaya, el líder histórico, María Guadalupe Rodríguez Martínez y del dirigente del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz, la investigación ya ha alcanzado a otros funcionarios del partido y de la organización Tierra y Libertad.

La investigación no es compleja porque en este esquema de lavado de dinero y con absoluta impunidad, los petistas ni siquiera ocultaron demasiado sus huellas. El gobierno de Nuevo León inexplicablemente destinó 100 millones de pesos para unos centros de desarrollo infantil manejados por Tierra y Libertad y el PT. Los depositó directamente en la cuenta personal de la esposa de Alberto Anaya. Ella tomó de ahí 62 millones y los colocó en su cuenta de inversión. El resto lo fue canalizando en distintas partidas hacia Héctor Quiroz en Aguascalientes.

Por supuesto que a los Centros de Desarrollo Infantil, no llegó ni un centavo. Todo se distribuyó en cuentas personales de dirigentes del PT.

Albazo del Congreso

En marzo pasado, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, hizo un severo llamado al Congreso de la Unión para que aprobara la Ley de Seguridad Interior. En esa ocasión el funcionario dijo que se tenía un vacío legal, pues no existe ningún precepto en la legislación vigente que defina en dónde y en qué casos, el personal militar debe sustituir, respaldar o inclusive arrestar a las policías que se han aliado a la delincuencia.

Pero el general Salvador Cienfuegos también aclaró que los mandos militares y navales no estaban pidiendo la aprobación de una ley que los favoreciera: “Nosotros no estamos esperando una ley que sirva de protección a las fuerzas armadas. Creo que se ha dicho mucho y eso se ha tergiversado o ha generado desinformación.

Tampoco pensamos contar con una ley a modo para las fuerzas armadas o, como otros dicen, se vaya a institucionalizar la presencia de soldados en las calles o que vamos a militarizar la seguridad pública. Por el contrario, esta ley, obliga a todas las entidades, y me refiero a la Federación, estados y municipios, a que cada uno cumpla con su tarea. “Nunca ha sido nuestra pretensión sustituir a las policías. No las hemos sustituido ni queremos ni pensamos sustituirlas. Seguiremos apoyándolas, cuando los gobiernos que tengan el problema lo estén solicitando”, precisó el general.

Pero pasaron nueve meses de ese exhorto y los diputados y senadores no hicieron su chamba. No hicieron los foros suficientes para escuchar los reclamos de las organizaciones sociales y por eso, el propio presidente Enrique Peña Nieto, pidió al Senado ampliar el diálogo sobre la Ley de Seguridad Interior y “escuchar todas las voces” de las organizaciones de la sociedad civil. La declaración completa del mandatario fue: “Desde aquí hago un llamado al propio Senado de la República para que amplíe precisamente los espacios de diálogo, de acercamiento, con las distintas organizaciones de la sociedad civil, para poder escuchar todas las voces, y poder realmente enriquecer lo que eventualmente el Senado esté resolviendo en alcance a esta iniciativa presentada”. Pero nuevamente Peña Nieto vuelve a caer en contradicciones.

Apenas el 29 de noviembre pasado, en Coahuila, urgió al Congreso a aprobar la Ley de Seguridad Interior para dotar al Ejército y a la Marina de un marco jurídico que regule su participación en las labores de seguridad pública. “Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó de ser solo valiosa para convertirse en una imperiosa necesidad.

Presupuesto de CDMX (parte 2)

El coordinador de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa, César Cravioto Romero, solicitó, luego de una reunión con diputados locales, federales, delegados y con el presidente del Comité Estatal de Morena, Martí Batres, un presupuesto 2018 destinado prioritariamente para la reconstrucción.

Cravioto Romero calificó de irresponsable que Miguel Ángel Mancera y sostuvo que tanto el presupuesto 2018 que se apruebe en la Asamblea Legislativa, como el que se decrete en la Cámara de Diputados, tiene que ser enfocado en la reconstrucción, pero, además, deben de ser recursos que se encuentren debidamente etiquetados para evitar que se empleen en otros fines. Recordó a los diputados federales y al jefe de Gobierno, que hay miles de capitalinos que están todavía en las calles de la ciudad, que no tienen dónde quedarse, que padecen de desabasto de agua, y que hay miles de niños que todavía no pueden regresar a tomar clases en sus instalaciones educativas.

El coordinador de la bancada informó que en la Asamblea Legislativa se presentará un dictamen para que se autorice que los remanentes federales que corresponden a la Ciudad de México se utilicen para la construcción de una planta de residuos sólidos. El Gobierno local debería de enfocarse en atender el problema de desabasto de agua potable que existe en Coyoacán, Tlalpan, Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco, y otras delegaciones, donde el sismo dañó las tuberías.

“No tenemos una atención prioritaria por parte del Gobierno de la ciudad para reconstruir esa infraestructura hidráulica, y tampoco vemos un programa para dar abasto gratuito de agua a través de pipas en esas zonas”, denunció Cravioto Romero, quien agregó que otro problema apremiante es la reconstrucción de las escuelas en la capital del país, pues existen miles de niños que aún no tienen clases.

Y mientras Miguel Ángel Mancera Espinosa no defina su situación de o se va o se queda, lo que es un hecho, es que centenares de familias capitalinas ya comienzan a desesperarse pues la ayuda oficial ha sido lenta, insuficiente e ineficiente. Y en algunas zonas la delincuencia está desatada

El Lozoyagate

Todo comenzó cuando el abogado Javier Coello, apoderado legal de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló que Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), violó los “derechos humanos” de su defendido y principal implicado en la investigación sobre presunta triangulación ilegal de fondos de la empresa Odebrechet a la campaña de 2012 de Enrique Peña Nieto.

Según un comunicado que elaboró el mismo Javier Coello, desde el pasado 17 de agosto presentó un oficio ante la Fepade para solicitar información sobre la carpeta de investigación iniciada ante una denuncia que realizó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). El 22 de agosto, Santiago Nieto respondió a los abogados de Lozoya Austin que “conforme a lo establecido en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda la información de las carpetas es de carácter reservado”.

Por este argumento, Javier Coello, dijo que “es sorprendente” que Nieto Castillo “haya violado los más elementales principios rectores del sistema de justicia penal en México, como es el de presunción de inocencia, derecho a la intimidad y a la privacidad, justicia propia, derecho a una defensa adecuada e inmediata, garantía de que se informen los derechos del imputado”.

Pero el viernes pasado Santiago Nieto Castillo fue cesado. La sorpresiva destitución de Santiago Nieto como titular de la FEPADE es un duro golpe a la certeza jurídica y la credibilidad de la dependencia y todo el aparato de arbitraje al proceso electoral. Nieto Castillo, en este melodrama que ya quisieran las telenovelas de Televisa, al asumir su propia defensa frente al despido del viernes 20, sostuvo en una misiva que fue “deficiente” la fundamentación de Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, quien fue quien lo corrió, y que por ello recurría al Senado de la República.

Al respecto, el presidente del Senado, el ¿panista? Ernesto Cordero Arroyo, informó que el encargado de la oficina de la PGR, el subprocurador Alberto Elías Beltrán y el destituido titular de la FEPADE, Santiago Nieto, hablarán ante el pleno del Senado en una sesión ordinaria, para después los 128 senadores estén en posibilidades de votar si restituyen al titular de la FEPADE o avalan la decisión de la PGR. Ernesto Cordero informó que ha comenzado a dialogar con sus compañeros de la Mesa Directiva del Senado para informarles de esta decisión, a fin de que hoy, durante la reunión de la Mesa previa a la sesión del Pleno, se apruebe esta metodología, que aplicará a un procedimiento inédito del Senado.

Condena mundial

Los Relatores Especiales también agradecieron y la amplia cooperación por parte de las autoridades, lo cual permitió que la visita se llevara a cabo en un marco de gran apertura y diálogo con los distintos interlocutores. La visita comprendió una intensa agenda de trabajo, en la que los Relatores sostuvieron encuentros con representantes de alto nivel del Gobierno Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial, así como con Secretarios Generales de Gobierno, Fiscales y Procuradores de los estados de Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y de la Ciudad de México.

Asimismo, se reunieron con autoridades de la CNDH y de comisiones estatales de derechos humanos; con organizaciones de la sociedad civil y con aproximadamente 250 periodistas. Según el Gobierno federal, durante las reuniones celebradas con los representantes de las distintas instituciones del Estado mexicano se expusieron detalladamente los esfuerzos que, en el ámbito de sus competencias, han puesto en marcha para garantizar la libertad de expresión y proteger al gremio periodístico.

En particular, se destacó que en mayo de este año, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció medidas para fortalecer el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, mismo que desde su creación ha beneficiado a 349 periodistas, así como a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), la cual desde dicha instrucción ha incorporado nuevos ministerios públicos, policías investigadores y una unidad de análisis de contexto; y como parte del compromiso con el abatimiento a la impunidad ha presentado 20 casos de agresiones a las autoridades judiciales para su procesamiento y en 6 casos se han obtenido resoluciones que imponen una sanción a los responsables y la reparación a las víctimas. Pero en concreto nada. El gobierno da la cara y bla, bla, bla, mientras las agresiones y los asesinatos continúan.

Por otra parte, el INAI apelará ante la Suprema Corte de Justicia la controversia constitucional que interpuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para evadir el cumplimiento de la resolución emitida por el pleno del INAI y que afecta a los consejeros del IFT. Síntesis del caso: Un ciudadano solicitó la grabación de la entrevista efectuada entre los Comisionados del IFT, y las personas que representan los intereses de Tele Fácil. En respuesta el IFT reservó la grabación en términos de la LFTAIP, en relación a la LFTyR.

 

La ley cuestionada

Sin duda, las últimas semanas han sido más que difíciles y complicadas para las fuerzas armadas. Al resolver un amparo en revisión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de siete votos, determinó que cuando en actos del servicio, un militar comete delitos que atentan de manera directa contra la disciplina castrense, el caso lo debe conocer un juez militar y no uno civil, siempre y cuando en los hechos no esté involucrado un particular, ni tampoco se trate de violaciones a derechos humanos.

Derivado de lo anterior, el máximo tribunal de justicia del país estimó necesario extender el criterio adoptado en septiembre de 2012 sobre la competencia de los jueces militares, a fin de recoger los más recientes pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia, destacándose que para la actualización del fuero militar no basta que el imputado sea un militar en activo, sino que es necesario que el delito se cometa en actos del servicio y guarde una estricta conexión con la disciplina castrense.

Por tanto, revocó la sentencia que en su momento había concedido el amparo a un comandante de una Base de Operaciones que teniendo como función específica el combate al narcotráfico, lo fomentó, concluyendo que en tales circunstancias corresponde a un juez militar conocer de la causa, en la que se le atribuyeron al justiciable los delitos contra la salud agravado y traición a las fuerzas armadas. Lo que es un hecho, es que a más de una década de lanza da la guerra contra el narcotráfico y tras la erogación de más de un billón de pesos en seguridad en los últimos 21 años, “el Estado mexicano ha fracasado en su función básica de procurar la protección de la vida, integridad y bienes” de los habitantes del país, manifestó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

El ex apoderado legal de la UNAM y destacado académico, dijo durante su participación en la inauguración de la “Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia”, organizada en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, lamentó el incremento de la violencia, pese al despliegue militar al que han recurrido las últimas dos administraciones federales como respuesta a los altos índices delictivos. Al cierre del sexenio, los mandos militares y navales se la están viendo “negras” ante los graves acontecimientos en donde han estado implicados soldados, pilotos y marinos.

Peña designa sucesor

Poco después de que el Presidente Enrique Peña Nieto anunciara la designación de José Antonio González Anaya como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en lugar de José Antonio Meade Kuribreña, quien renunció para postularse como “candidato de unidad” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, los mercados financieros y especulativos mantuvieron prudencia.

Las negociones del pasado fin de semana entre Peña Nieto y su grupo compacto, rindieron frutos, pues el hecho de que no hubiera fisuras entre el gabinete, sobre todo cuando Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación y exgobernador de Hidalgo, era para miles de priístas “el candidato idóneo” y él mismo les dijo a sus principales colaboradores de que el ungido por el dedazo no despachaba en Bucareli, sólo vino a confirmar que Meade era el candidato del mexiquense para sucederlo.

Y esto ocurre, cuando ya arreció la campaña de golpeteo en contra de Andrés Manuel López Obrador y varios de los aspirantes a la candidatura presidencial del llamado Frente Ciudadano por México, como el gobernante capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa y el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, ya se están rajando porque el dueño del balón es el panista Ricardo Anaya y no lo presta. Prefiere que se acabe el juego a ceder la pelota.

Y tras el anuncio de la renuncia de José Antonio Meade a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD lamentó que el Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, “actuara como dirigente del PRI sin el mayor recato, abriendo sus cartas y estrategias electorales desde las mismas oficinas públicas de la Presidencia. “Estamos asistiendo a más de lo mismo, el destape vertical, presidencial, el dedo del Presidente sobre quien considera es el mejor candidato, sin consultar a su militancia ni a la ciudadanía. Es lo mismo de siempre”, señaló la dirigente nacional perredista, quien parece ser una militante del tricolor que una dirigente de un partido de oposición y que pretende formar una alianza con el PAN, lo cual ve cada vez más difícil.

José Antonio Meade agradeció –como era de esperarse– a Peña Nieto por confiar en él y permitirle contribuir en su administración, pues “su gestión le ha cambiado el rostro al país. Culmino esta tarea al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público agradeciendo su confianza y su apoyo”, dijo. Destacó que este año ha sido el de mayor generación de empleo en el país. “Es un México que crece y seguirá creciendo”, dijo Meade y le deseó el mayor de los éxitos a González Anaya al frente de la SHCP –emparentado con Carlos Salinas de Gortari– y afirmó que su único anhelo “es servir a México”.

El Lozoyagate 2

Organizaciones no gubernamentales como Transparencia Mexicana, sostienen –y yo coincido— en que esta remoción debe ser revertida por los senadores en los próximos diez días hábiles, pues la Constitución les otorga esa facultad. Tienen allí la oportunidad de reivindicarse y caminar junto con la sociedad, ya que la salida del titular de la FEPADE logró unanimidad, pero en contra del PRI y del gobierno de Peña Nieto, muy proclive a temas ligados a la corrupción, por cierto muy parecido al llamado Pemexgate.

Al ex director de Pemex, lo señalaron algunos ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht, de haber recibido sobornos por 10.5 millones de dólares. Por ello, se le acusa también de haber desviado recursos a la campaña del PRI en 2012. Por eso lo investigaba la FEPADE. Nieto ya había dado un severo golpe a la alianza PRI-PVEM, en el caso de Arturo Escobar y Vega, exsubsecretario de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación y exvocero del propio PVEM, quien fue consignado ante un juez porque firmó contratos para repartir las famosas tarjetas Premia Platino, prohibidas por ley, en calidad de representante legal del verde.

La Constitución otorga al Senado la facultad de revertir la destitución del titular de la FEPADE en un plazo no mayor a los diez días hábiles. La remoción de Santiago Nieto como su titular presentó “diversos problemas jurídicos”, debido a que no se “fundó ni motivó” la decisión, tampoco se le permitió defenderse y quien firmó el documento “es encargado de despacho” de la PGR. Así lo expuso el propio cesado en la carta de cuatro cuartillas enviada a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado. En su carta, el extitular de la FEPADE recuerda que asumió esta función el 19 de febrero de 2015 para cubrir un periodo hasta el 30 de noviembre de 2018.

En el transitorio de la reforma constitucional que creó la Fiscalía General y las fiscalías Anticorrupción y de Delitos Electorales, “también se establece que el Senado podrá objetar la remoción” del fiscal en un periodo de 10 días hábiles. ¿Pero quién es Nieto Castillo? El mismo Gobierno, subió a Internet el currículum del funcionario: “Abogado por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho, con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fungió como Coordinador de Asesores y secretario particular de la Contadora Mayor de Hacienda de la ALDF. Ha sido Asesor Jurídico en el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el DF y en el Consejo General del IFE. En el Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretario técnico en la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, entre otros cargos.

Sismos y reconstrucción

FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

“La fuerza y energía de los habitantes de esta ciudad nos mantiene en pie más que nunca” y expuso que la implementación de este plan consiste en tres puntos principales:

El mandatario capitalino señaló que aquellos inmuebles con  daño estructural, catalogados en color rojo y que suman poco más de 500, contarán con el diseño de un programa que implica hacer uso de los recursos del Fondo de Contingencias de la CDMX y de la Sociedad Hipotecaria Federal, para el otorgamiento de créditos con condiciones preferentes para la recuperación de sus hogares.

Para inmuebles catalogados como verde se cubrirán gastos de hasta ocho mil pesos para recuperación de vidrios, reparación de fisuras, aplanado o plafones. La atención se efectuará a través del llenado de la Cédula de Atención, lo que permitirá que las brigadas de la administración capitalina  acudan a los domicilios.

Los inmuebles de color amarillo, que implica daño significativo no estructural y que sea habitable durante su reparación, contarán con los siguientes apoyos: La reconstrucción se efectuará a través de personal de Asociaciones de Desarrolladores Inmobiliarios o bien, el otorgamiento de créditos para el mejoramiento de vivienda, mismos que serán manejados por el Instituto de Vivienda de la CDMX.

Dijo que se brindarán 3 mil pesos en apoyo para renta por tres meses y ocho mil pesos para reparaciones de inmuebles; habrá liberación de créditos de vivienda y uso de recursos del Fondo de Contingencias de la CDMX. Explicó que en la Plataforma CDMX participarán las dependencias del Gobierno capitalino y sociedad civil y albergará datos oficiales para el seguimiento, control y coordinación de acciones de apoyo en respuesta a las urgencias sociales sobre inmuebles, personas, apoyos y negocios.

El otro tema a resolver, que de ninguna manera es menor, es respecto a las escuelas y hospitales y la importante reconstrucción de viviendas en los estados que más afectaciones tienen como son los casos de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos y Edomex, entre otros. Por ello, debe crearse con urgencia un comité ciudadano, integrado con representantes de la sociedad –académicos, banqueros, empresarios, constructores, iglesias, funcionarios de los tres niveles de organizaciones internacionales como la Cruz Roja–, para que ningún centavo destinado a la reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales, pueda ser robado.

Presupuesto 2018

El presupuesto que el Congreso de la Unión aprobó para el año entrante y que se destinará para la reconstrucción –como consecuencia de los sismos de septiembre pasado–, es de aproximadamente 20,500 millones de pesos, que podrán utilizar el gobierno federal, así como los estatales y municipales, para atender los pendientes, así como diversos desastres naturales que se avecinan para el año próximo.

Eso es independiente a los recursos públicos que ahora se están ejerciendo y al dinero que recabaron las fundaciones y los bancos y que, por ahora, no se sabe a dónde están. Eso no está muy bien. En muchos capitalinos existen sobradas sospechas de si esos recursos públicos llegarán verdaderamente a las familias que perdieron sus hogares, pues los recursos destinados hasta ahora a los pueblos afectados de Oaxaca y Chiapas han mostrado dos cosas: un fin electorero por parte de los priístas y un descuidado manejo de dichos recursos por parte de burócratas voraces, pues muchas de las tarjetas para beneficiarios fueron clonadas desde antes de que fueran entregadas a sus destinatarios.

El asunto no es menor porque se trata nuevamente de actos de corrupción y que el PRI y el gobierno no están dispuestos a ceder, sobre todo en año electoral. Prueba de lo anterior es el hecho de que, desde el Congreso de la Unión, los tricolores han puesto una serie de trabas para no establecer el Sistema Nacional Anticorrupción y no designar, por ahora, al fiscal que impedirá que se roben el dinero público. Pero lo mismo pasa con el PRD en la capital del país. El coordinador de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa, César Cravioto Romero, solicitó ante la Cámara de Diputados federal, que el presupuesto 2018 que se asigne a la Ciudad de México, se etiquete para la construcción de viviendas, escuelas y red de agua potable. Cravioto Romero calificó de irresponsable que Miguel Ángel Mancera no haya propuesto hasta la fecha, un presupuesto 2018 para la reconstrucción de la Ciudad de México y sostuvo que tanto el presupuesto 2018 que se apruebe en la Asamblea Legislativa, como el que se decrete en la Cámara de Diputados, tiene que ser un presupuesto enfocado en la reconstrucción, pero además, deben de ser dineros que se encuentren debidamente etiquetados para evitar que se empleen en otros fines, principalmente los electorales

Condena mundial

Además de la crisis financiera y de credibilidad que tienen la mayoría de los medios de comunicación, principalmente los impresos y los televisivos, desde hace varios años, los grupos delincuenciales y de poder político y económico regionales, han tomado medidas para asesinar, agredir, amenazar, secuestrar y hasta obligar a periodistas, a que no ejerzan su profesión.

Dichos medios, entre ellos TV Azteca, Televisa, Grupo Fórmula, TVImagen, Milenio, Proceso, La Jornada, Ríodoce, El Debate, El Financiero y El Universal, entre otros, sostuvieron que pese a las reformas emprendidas entre 2006 y 2015, el sistema de justicia mexicano, tanto en las instancias locales como federales, se ha visto rebasado ante la violencia contra la prensa que no sólo golpea al sector periodístico sino que lesiona su misión de velar por el derecho de la sociedad a saber, clave para consolidar una democracia.

Expresaron que esta debilidad institucional alcanza también a las fiscalías especializadas como a los mecanismos ad hoc creados por los estados y el gobierno de la República y denunciaron que los ataques se siguen sucediendo sin que prácticamente ningún responsable de estos atentados haya respondido ante la ley, lo que, a su juicio, retroalimenta los incentivos de violencia e impunidad.

Los medios de comunicación que firmaron dicho documento dieron a conocer sus principales acuerdos: 1.- Desarrollar una estrategia conjunta que les permita incidir de manera eficaz en la prevención de ataques contra periodistas y medios de comunicación, independientemente de dónde provengan tales ataques y cuál sea su modalidad.

2.- Constituir en lo inmediato un Grupo de Trabajo formado por directivos y medios de comunicación para que laboren en delinear acciones de corto, mediano y largos plazos. 3.- Este Grupo de Trabajo podrá establecer comités o subcomités con el apoyo de otras empresas de medios, que estén o no representadas por los suscritos, para desarrollar proyectos concretos alineados con una visión genera.

4.- Emprender una campaña conjunta orientada a la sociedad en general, para compartir con transparencia su visión sobre el desafío que tienen enfrente. Mientras tanto, en un comunicado conjunto de tres dependencias federales dieron a conocer que concluyó la visita de David Kaye y Edizon Lanza, Relatores Especiales de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la libertad de expresión. Se explicó que en la reunión, celebrada en la Cancillería, los Relatores agradecieron “la invitación del gobierno de la República.

Constituciones en riesgo (Parte 2)

Este sistema de vida está fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; para vivir en paz y para combatir la corrupción. Actuar conforme a la Constitución y las leyes que le competen no es sólo un compromiso de la autoridad, sino que también los ciudadanos debemos estar conscientes de que cumplir con la ley, con nuestros deberes, favorece la paz social, comentó y añadió: “Exijamos a la autoridad, el cumplimiento de la ley, pero también seamos nosotros, como ciudadanos, conscientes de cumplir con nuestras obligaciones.

Sin seguridad jurídica, sin la actuación de todos dentro del marco de la ley no puede haber valores básicos que respetar, no sería posible que la justicia exista si no hay seguridad jurídica que la proteja”. Adujo que, para preservar y consolidar al Estado de Derecho, se debe partir del fortalecimiento de la cultura del cumplimiento de nuestra ley fundamental, y pidió a los impartidores de justicia, proseguir con su labor en aras de una mejor y más protectora forma de interpretar la Constitución.

En cuanto a la Constitución capitalina, el senador Alejandro Encinas, así como otros constituyentes, consideran que hubo retrocesos durante la aprobación de las leyes secundarias en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como en los concejales que no serán elegidos directamente por los ciudadanos, con lo que de acuerdo con Clara Jusidman se pierde el objetivo de que fueran un contrapeso al poder del alcalde.

Clara Jusidman, así como otros constituyentes, como Lol Kin Castañeda y Mayela Delgadillo, crearon un Observatorio Ciudadano para la Defensa de la Constitución de la Ciudad de México, para que vigile de cerca el proceso de aprobación de leyes en la ALDF para verificar que se apegaran a la propia Constitución capitalina, ya que si no es así se promoverán ante el máximo tribunal de justicia del país, acciones de inconstitucionalidad.

Al respecto, el académico Khemvirg Puente, coordinador de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, consideró que en las leyes secundarias que aprobó la Asamblea, se observa “un proceso de recentralización del poder”. El problema es que la ALDF tiene que aprobar aproximadamente 120 ordenamientos y no tiene ni tiempo ni voluntad para hacerlo, además, se acorta el plazo de septiembre a diciembre, para que puedan entrar en operación los cabildos de los 16 ayuntamientos y el cabildo de la ciudad, el cual, por cierto, no está contemplado en ninguna de las leyes secundarias.

Presupuesto de CDMX

Mientras que la clase política, es decir partidos, gobernadores, senadores y diputados locales y federales están desatados buscando nuevas postulaciones en el próximo proceso electoral, tratando a formular alianzas con grupos afines, una parte importante de la población está volteando a otra parte, mucho más importante y tiene que ver con resolver sus problemas como consecuencia de los sismos de septiembre pasado.

13 MIL EDIFICIOS DAÑADOS

El Gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera Espinosa informó al Congreso de la Unión que el universo de inmuebles dañados es de alrededor de 13 mil, cifra que se podría incrementar, pues, aunque usted no lo crea, hay muchas zonas de la ciudad, donde no se han realizado los estudios técnicos correspondientes a edificios y casas que muestran afectaciones. Aunado a ello, el llamado Comité de Emergencias de la Ciudad de México ya avaló la demolición de 39 inmuebles que están absolutamente afectados y presentan daños irreversibles en sus estructuras.

En ese sentido, el procurador de justicia local, Edmundo Garrido indicó que, derivado de las afectaciones a inmuebles, se han iniciado poco menos de 200 carpetas de investigación, especialmente en 38 casos, donde los edificios se vinieron abajo y en los que fallecieron 228 personas. Y en la mayor parte de la ciudad se está teniendo problemas con la distribución del agua potable.

DESABASTO DE AGUA EN TRES DELEGACIONES

El desabasto de agua en las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco por fallas e insuficiencia de la infraestructura de las redes hidráulicas, se agravó marcadamente desde los sismos del 7 y 19 de septiembre. Aunado a ello, las denuncias de secuestro de unidades y venta ilícita del líquido han ido en aumento. Los temblores tuvieron repercusiones de diversa índole en distintas zonas de las demarcaciones, entre ellas cientos de fugas de agua. Lo anterior, genera incertidumbre, molestias, conflictos e inconformidades entre los habitantes, quienes acusan una mínima o nula reacción por parte de las autoridades capitalinas y delegacionales.

Por ello, algunos partidos de oposición, como Morena, PRI y PAN, están demandando ante la Cámara de Diputados, que el presupuesto 2018 que se asigne a la Ciudad de México, se etiquete para la construcción de viviendas, escuelas y red de agua potable.

Frente en contra de AMLO

Si bien tres candidatos presidenciales, respaldados por diversos partidos políticos, están en sus respectivos procesos de pre-campaña, lo que hemos visto hasta ahora es que la agenda pública de dichas campañas, la lleva Andrés Manuel López Obrador.

Sus declaraciones respecto al modelo educativo, la presentación de su pre-gabinete, su programa de seguridad y todo lo que se le ocurra al tabasqueño, como echar abajo el gasolinazo, de inmediato generan reacciones, algunas de ellas virulentas e irracionales por parte de sus contrincantes y dirigentes de partidos que ya no saben qué hacer con “ya saben quién”.

Pero más allá de que López Obrador le caiga bien o no a un número importante de mexicanos que por supuesto no votarán por él, hay importantes núcleos sociales que lo están respaldando. Ahora, la novedad es que sus opositores ya no lo acusan de mesiánico, sino de ser un falso profeta que perdona y otorga amnistía por decreto en favor de delincuentes y corruptos.

López Obrador es de carne y hueso. Así como comete errores, tiene también muchos aciertos y a lo largo de los años ha logrado convencer a personajes de la derecha y del centro, que es una verdadera opción, de lograr un cambio verdadero y de que los más pobres sean favorecidos con sus programas sociales.

Pero la verdad es que ni López Obrador ni José Antonio Meade ni Ricardo Añaya, ni tampoco Margarita Zavala y los demás independientes, han logrado interesar a un importante sector de la población, que va de los 18 a los 38 años de edad. Este segmento, mileniun o nini o como se llame, es el que va a decidir la elección.

Si alguno de los candidatos, utilizando redes sociales, organizando eventos y haciendo propuestas a este importante sector de la población y que demanda trabajos bien renumerados, seguridad social, créditos, educación y respaldo social, logra convencerlos, ese será quien gane la Presidencia de la República.

Si López Obrador decide no debatir con sus contrincantes, pues está en su derecho, porque tanto José Antonio Meade como Ricardo Anaya son los que requieren subirse al escenario para denostar o criticar las propuestas lopezobradorcistas.

No creo que un Presidente de la República, con aproximadamente 30 por ciento de los votos totales, pueda gobernar. Es necesario implementar la segunda vuelta y lograr acuerdos con las otras fuerzas políticas que pudieran tener mayoría en el Congreso de la Unión para que las cosas caminen sin contratiempos

¿En qué piensan? (parte 2)

El empresario destacó que la Fundación Carlos Slim apoyará para la reconstrucción de viviendas con 2,373 millones de pesos. De ese total, precisó, 395 millones fueron donativos de más de 217 mil ciudadanos y mil 978 millones los aportó la Fundación. Los recursos se utilizarán en ayuda humanitaria para los damnificados y también para proteger el patrimonio cultural en riesgo, mientras las estructuras son restauradas por los especialistas bajo la dirección de la Secretaría de Cultura.

Según Slim, la aportación también ayudará en la reconstrucción y transformación de centros de salud y escuelas, ampliándolas y modernizándolas en coordinación con los gobiernos federal y estatales. “Contribuirá activamente en la construcción de vivienda de mejor calidad y seguridad, así como en la reconstrucción de mercados dañados, en coordinación con las autoridades locales”, puntualizó.

NADIE CUESTIONÓ

En eso estamos y ahora el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó las constancias a las 40 personas que manifestaron su interés por participar en la contienda presidencial de 2018 y que cumplieron con los requisitos. Ahora tendrán hasta febrero del próximo año para reunir las firmas necesarias para seguir en la contienda.

El INE indicó que la convocatoria para dicho pre registro venció en el último minuto del sábado 14 de octubre, y que recibió 86 manifestaciones de intención -siete mujeres (9%) y 79 hombres (91%)- para contender como candidatos independientes a la Presidencia de la República durante el proceso electoral federal 2017-2018. Del total de aspirantes, detalló que ocho no procedieron al no cumplir con alguno de los requisitos establecidos; otros 38 se encuentran en proceso de contestar algún requerimiento; y 40 más fueron citados durante el domingo para recibir su constancia.

Quienes ya cuentan con dicho documento comenzaron a recabar el apoyo ciudadano a partir del primer minuto del pasado lunes 16. Mientras que aquellos con requerimientos por falta u omisión en la documentación presentada cuentan con 48 horas, a partir de su notificación, para subsanar dicha solicitud. Los aspirantes a la Presidencia de la República deberán recabar 866,593 firmas para obtener una candidatura independiente.

Y mientras la violencia se recrudece en Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León, Guerrero y Chihuahua, el procurador Cervantes presentó su renuncia.

Que lo den por “muerto”

El inesperado cese de Santiago Nieto Castillo, como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por parte del encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, y el conflicto desatado en el Senado de la República entre la oposición y el PRI y su aliado el PVEM, dejaron una pista delictiva imborrable: Se confirmó lo que el titular de la PGR, Raúl Cervantes, les dijo a los senadores y es el hecho de que la investigación sobre Odebrecht ya estaba concluida y que pronto vendrían las imputaciones penales. Quizá esa fue la verdadera razón por la que renunció días después.

Desde Brasil, vinieron graves imputaciones y señalan como principal implicado en la investigación sobre presunta triangulación ilegal de fondos de la empresa Odebrecht a la campaña de 2012 de Enrique Peña Nieto, al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Las versiones sostienen que Lozoya desvió 10.5 millones de dólares de Odebrecht a la campaña del PRI en 2012. Pero la decisión de Santiago Nieto Castillo, de no seguir con su proceso de reinstalación en el Senado de la República, lo hace triunfador en esta contienda, pues todo lo que hicieron los senadores del PRI y del PVEM para que no fuera restituido en el cargo, muestra el interés de Peña Nieto de tratar de ocultar todo acto de corrupción que lo involucre. La salida de Santiago Nieto pone todo en entredicho.

Su decisión, irónicamente, le quita tremenda presión y dolor de cabeza a Emilio Gamboa Patrón, jefe de la bancada del PRI en el Senado, quien espera que ahora que Nieto Castillo ya se retiró, con ello le hace un favor a Emilio Lozoya, quien tiene demandado a Nieto. Pero este caso, no sólo ha generado una crisis política sino que, sin embargo, ha puesto en el ojo del huracán a una de las instituciones claves para sancionar la transparencia y equidad en la elección federal del año próximo.

No obstante, la discusión mediática generada no debe fincarse en las facultades que la PGR tiene para determinar el cese de uno de sus funcionarios. Son muchas voces de adentro y afuera del Gobierno federal que aseguran que la salida de Nieto Castillo fue el método para torcer la ley y encubrir al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, por supuestos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, durante la elección presidencial de 2012.

El despacho del dos veces exsubprocurador general del país, Javier Coello Trejo, debe estar de plácemes, porque la salida Nieto Castillo será para ellos no sólo un triunfo enormemente económico, sino que le permitirá asumir su defensa para que se le declare inocente.

La SCJN y los candidatos

Justo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está en el proceso de admitir y rechazar controversias constitucionales donde se está impugnando la totalidad de la Ley de Seguridad Interior, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que invocar circunstancias especiales

o situaciones excepcionales –como tiempo de guerra, invasión o su peligro inminente, perturbación grave de la paz pública, grave peligro, conflicto armado, inestabilidad política interna, suspensión de derechos y sus garantías— no son causas de justificación o excluyentes de responsabilidad en la comisión del delito de tortura.

 

A PERSEGUIR LOS DELITOS

González Pérez sostuvo que los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como los que están vinculados, deben ser perseguidos, investigados, procesados y sancionados conforme a las reglas de autoría, participación y concurso previstas en la legislación penal aplicable, y las reglas de acumulación de procesos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

VIOLAN DERECHOS HUMANOS

Tras subrayar que los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de tortura, puntualizó que la práctica de ese flagelo es una de las formas más graves de violación a derechos humanos, al atentar contra la dignidad de las personas y causarles graves daños físicos y psicológicos, que suelen ser más destructivos e imposibles de superar.

Esta semana el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Mario Pardo Rebolledo, admitió a trámite la Controversia Constitucional que promovió el Ayuntamiento de Parral de Hidalgo, Chihuahua, para impugnar la Ley de Seguridad Interior y desechó la presentada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) porque no tiene el carácter de órgano constitucional autónomo federal. Asimismo, desechó también la acción de Inconstitucionalidad de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, por no estar legitimada para recurrir a este medio de control para combatir leyes federales.

 

MENSAJE A LAS FUERZAS ARMADAS

Al admitir la controversia presentada por el Ayuntamiento de Parral, Pardo Rebolledo negó la petición formulada por el municipio demandante de tener como terceros interesados

a las 30 entidades federativas y a la Ciudad de México. Llama la atención de González Pérez que sin mencionarlos, dirigió su mensaje a policías federales y estatales, soldados y marinos para no violentar los derechos de presuntos autores de ilícitos.

Peña designa sucesor (Parte 2)

Alejandra Barrales, muy seria por cierto, dijo que no sorprende a nadie que desde Los Pinos se “decidan y despachen los asuntos del PRI” y a manera de justificación, insistió en que el Frente Ciudadano por México tiene entre sus objetivos principales acabar con estas viejas formas y vicios de hacer política. “En el PRD y en el Frente Ciudadano por México vamos por el cambio de ese régimen, por acabar con el presidencialismo que desprecia a la gente y a la militancia”, comentó.

Pero no nos engañemos, una buena noticia para los mercados del dinero es que las diferencias en la primera ronda de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se canalicen en el marco de una negociación formal y ordenada, y no se vean afectadas por una sucesión presidencial, donde los especuladores internacionales, le apuestan a que el PRI se mantenga en Los Pinos, por aquello de que a los políticos mexicanos les encanta y viven fascinados con la corrupción.

Dicen que José Antonio Meade Kuribreña no tiene cola que le pisen. Esperemos que así sea y que en caso de que llegue a la Presidencia de la República, refunda en la cárcel a todas esas ratas disfrazadas de políticos que tanto daño le siguen causando al país, incluyendo, por supuesto, al propio Peña Nieto. Y mientras que la clase política, es decir partidos, gobernadores, senadores y diputados locales y federales están desatados buscando nuevas postulaciones en el próximo proceso electoral, tratando a formular alianzas con grupos afines, una parte importante de la población está volteando a otra parte, mucho más importante y tiene que ver con resolver sus problemas como consecuencia de los sismos de septiembre pasado.

El gobierno capitalino informó al Congreso de la Unión que el universo de inmuebles dañados es de alrededor de 13 mil, cifra que se podría incrementar, pues, aunque usted no lo crea, hay muchas zonas de la ciudad, donde todavía no se han realizado los estudios técnicos correspondientes a edificios y casas que muestran afectaciones.

Relatora nos visita (parte 2)

tigrebilly@hotmail.com

Durante 10 días, la Sra. Tauli-Corpuz visitará la Ciudad de México, Guerrero, Chihuahua y Chiapas. Se reunirá con autoridades estatales y federales; con organizaciones indígenas y de la sociedad civil que trabajan por los derechos de los pueblos nativos. Al parecer desde 2003 no venía al país un representante de la ONU de la categoría mencionada a comprobar qué pasa con los indígenas de México, que son más de 16 millones comprendidos en unas 67 etnias.

Uno de los escenarios que encontrará la luchadora de los derechos indígenas de origen filipino es el del ambiente preelectoral que se da con la modalidad de los que aspiran a competir por la Presidencia de la República como candidatos independientes, porque por primera vez los indígenas han propuesto a María de Jesús Patricio Martínez, la conocida Marichuy.

Precisamente el escritor Juan Villoro, la antropóloga Alicia Castellanos, la abogada Bárbara Zamora y el exdirector de la ENAH, Gilberto López y Rivas fijarán la posición de la asociación civil Llego la Hora del Florecimiento de los Pueblos, sobre ,los “errores y horrores” que a diario comete el Instituto Nacional Electoral (INE) que preside Lorenzo Córdoba. Los intelectuales y luchadores sociales que respaldan a Marichuy denuncian sabotajes y obstáculos en la obtención del apoyo ciudadano para la náhuatl de Jalisco, que en este momento es vocera del Consejo Indígena de Gobierno que recorre territorio nacional con el fin de lograr la simpatía por escrito del 1 por ciento del padrón electoral federal.

Con tal objetivo se ha consolidado una red en las 32 entidades del país, con cientos de auxiliares gestores que –acusan– una serie de ataques que solo evidencia un poderoso interés en que Marichuy no logre el propósito de participar en los comicios de julio 2018. En los detalles se han enumerado bloqueos al portal del INE que impiden cualquier trámite; interrupción a telefonía celular e internet en municipios recorridos; información imprecisa o falsa difundida por el INE; fallas técnicas en la aplicación de dispositivos.

Todo esto pone en riesgo el hecho histórico de que una mujer indígena, con un amplio apoyo de los pueblos originarios de México, participe en un proceso electoral. En opinión del exrector de la UNAM, Pablo González Casanova, y de muchos más, las medidas son racistas, clasistas y excluyentes que cierran la puerta a una transformación democrática del país.

Precampañas de lodo

Dice el refrán que el autoelogio, en boca propia, es vituperio. Y es verdad. Ni José Antonio Meade ni el ultraderechista Mikel Arreola, mucho menos Ricardo Anaya, pueden hablar de honestidad. Tampoco lo puede hacer el creador de esa frase estúpida de “honestidad valiente”. Las precampañas, en verdad sirvieron para gastar el dinero a lo loco y las propuestas se desvanecieron ante los insultos y descalificaciones entre candidatos. Las precampañas del lodo.

Amigos y familiares míos que viven en Tlalpan, manifestaron que Claudia Sheinbaum, más que hacer nuevas propuestas, debería de pedir perdón a los tlalpenses por el pésimo gobierno que llevó a cabo en esa demarcación y que se comprometa públicamente a que no va a repetir los mismos actos de irresponsabilidad y de ineficiencia que caracterizaron a su administración delegacional. Entre estos, dejar en la impunidad los actos de corrupción de su antecesora y haber permitido, mediante actos de corrupción, que varios inmuebles no cumplieran con las especificaciones de ley.

Alejandra Barrales Magdaleno tiene lo suyo. Sin duda, es una mujer muy inteligente. Pero que ella es corrupta, pues se lo tienen que demostrar ante las autoridades judiciales los dirigentes de Morena y con pruebas. Que si tiene un apartamento en Miami, que si tiene una casa en Acapulco, que si en las Lomas, etc., pues demuéstrenlo. Otros analistas han manifestado que las precampañas son una verdadera vacilada y las cosas siguen igual, por lo menos en lo que respecta a las tendencias y las preferencias, en las que prevalecen los resultados de los sondeos, al gusto del cliente.

Eso significa que quien paga la encuesta, sale en los primeros lugares de “las preferencias (sic.)”. Es decir, que, si las hacen los seguidores de López Obrador, éste gana de calle y ya nada más falta que salgan a exigir que les entreguen el poder desde ahora, para que empiecen a gobernar “con honestidad valiente”, para cambiar todo lo que está mal, es decir, según ellos, todo. No he escuchado a ninguno de los candidatos presidenciales, incluyendo a los independientes, que van a investigar a Enrique Peña Nieto y a los integrantes del gabinete, que se han llenado las manos y sus cuentas bancarias de dinero proveniente del presupuesto. Tampoco he escuchado, cómo frenar la voraz desmedida de corrupción de gobernadores y alcaldes de las principales ciudades del país.

La ley cuestionada (parte 2)

Lo más bochornoso para el orgullo militar y también civil, fue sin duda el izamiento de la bandera nacional, del enorme pabellón tricolor, de cabeza durante la ceremonia oficial del Día de la Bandera en la explanada del Campo Militar Marte. Y el Presidente justificando este ¿error? Tan solo ocho días antes, la Fuerza Aérea Mexicana protagonizaba el desenlace trágico del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien pasó por encima del general Alfonso Duarte Mújica, comandante de la VIII Región Militar, para conseguir que un helicóptero UH-60M Black Hawk volara y con pilotos de poca experiencia hacia la zona azotada por el sismo que el mismo día se había dejado sentir en Oaxaca y en otros cinco estados.

LEY CUESTIONADA

Los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, les ha llovido en los últimos meses, pues la Ley de Seguridad Interior, que promulgó Peña Nieto supuestamente para favorecer las funciones de seguridad pública de los militares, ha sido severamente cuestionada y hay una gran cantidad de amparos y litigios en contra de la aplicación de dicha ley, en la propia Suprema Corte de Justicia.

DETENIDO POR CIRCULAR A EXCESO DE VELOCIDAD

Por si fuera poco, el pasado 18 de febrero, la Marina detuvo en Matamoros, Tamaulipas, a Alfredo Cárdenas Martínez, El Contador, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo (CDG). La información de la Semar aseguraba que el presunto capo había sido detenido al circular a exceso de velocidad en su camioneta, en un incidente derivado de trabajos de inteligencia naval (sic).

En el vehículo, El Contador llevaba drogas y armas. Con eso fue suficiente para la captura.

FALSA DETENCIÓN

Pero todo eso era mentira. En realidad, Cárdenas Martínez fue detenido en su casa, hasta donde llegó el comando naval para desconectar primero todas (o casi todas) las cámaras de video vigilancia para luego entrar sin orden de cateo por el detenido. Luego de sacarlo y subirlo a vehículos sin placas, fue llevado hasta donde los marinos habían colocado la camioneta para escenificar la detención.

ARRESTO ILEGAL; ORDENAN LIBERACIÓN

Todo iba bien hasta que los abogados del detenido presentaron pruebas sobre cómo ocurrió en realidad la captura. Un juez federal revisó los hechos y determinó que el arresto era “ilegal” y ordenó su inmediata liberación. El trabajo de inteligencia naval compartida con la DEA se fue a la basura. Cárdenas Martínez ya había sido detenido en 2004, pero fue liberado mediante amparos. Ni cómo ayudarlos. Francamente lamentable.

Constituciones en riesgo

A 101 años de su promulgación, el principal enemigo de la Constitución nacional es su incumplimiento. Y lo mismo está ocurriendo con la Constitución de la Ciudad de México, pues a un año de su promulgación, los diputados locales han vulnerado el texto original con las leyes secundarias que han aprobado y no toman en cuenta lo establecido por la propia Asamblea Constituyente.

Eso, sin tomar en cuenta, de que en la Suprema Corte de Justicia todavía no se dirimen diversas impugnaciones, donde se demanda la invalidez de diversas disposiciones que se contraponen con la Carta Magna nacional. Durante la ceremonia por el CI aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, celebrada en el Teatro de la República en Querétaro, el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, calificó de “alarmante” el resultado arrojado por la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, en el sentido de que el 84 por ciento de las personas encuestadas considera que la Constitución se cumple “poco” o “nada”.

Aguilar Morales, convocó tanto a ciudadanos como a autoridades a acatar la Carta Magna, pues a su juicio, la Constitución nacional es la norma suprema, la ley fundacional del Estado, en la que debe estar sustentado todo acto de autoridad; todo el entramado institucional y toda interacción con nuestros semejantes, partiendo de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.

Sostuvo que a 101 años de su promulgación, “no tengo la menor duda en afirmar que el principal enemigo de la Constitución es su incumplimiento”, dijo ante el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto; los presidentes de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, Ernesto Cordero Arroyo y Edgar Romo García, y el Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, Presidente de la LIV Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). “Se ha afirmado que el país nada en ríos de ilegalidad.

No es sólo que las autoridades no hagan cumplir las leyes. Es que los ciudadanos tampoco están dispuestos a acatarlas”, expuso. Por ello, Aguilar Morales exhortó a autoridades y ciudadanos a cumplir con la Carta Magna para tutelar los derechos humanos; para consolidar la democracia, entendida también como un sistema de vida.

La SCJN y los candidatos (Parte 2)

Por ejemplo, destacó que a pesar de los importantes avances observados en la prevención de la tortura, en diversos lugares de detención del país se han constatado situaciones que pueden provocar condiciones de maltrato a las personas privadas de la libertad, por lo cual el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) firmaron un convenio de colaboración que les permitirá enfrentar juntos el reto de supervisar los más de 5 mil centros de privación de la libertad, con el fin de prevenirla y erradicarla, así como terminar con las situaciones que son motivo de riesgo de ese delito.

Planteó que a partir de la promulgación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes existe un marco jurídico renovado para prevenir dicho flagelo y, en su caso, sancionarlo de manera concreta. No obstante, precisó que durante 2017, entre los expedientes de queja recibidos por la CNDH por presuntos hechos violatorios considerados de mayor impacto, 83 fueron por tortura y 319 por tratos crueles, inhumanos y degradantes.

González Pérez puntualizó que ante el incremento de la inseguridad, violencia y la presencia de grupos del crimen organizado en el país, deben fortalecerse las capacidades de los órganos de justicia de los tres órdenes de gobierno para que realicen investigaciones científicas y profesionales, con la finalidad de erradicar la tortura y el maltrato hacia las víctimas. Igualmente, mencionó que de las 81 recomendaciones ordinarias emitidas por el Organismo Nacional en ese año, en 9 se acreditó tortura y en otros 9 tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Luego de señalar que la tortura ha sido motivo de preocupación, especialmente durante la vigencia del antiguo sistema de justicia penal de corte inquisitivo, ya que se le consideró prueba válida durante el interrogatorio de personas hasta 1993, reconoció que todos Ombudsman del país sean coadyuvantes en el combate a ese fenómeno que afecta a muchas personas.

Lo que los mexicanos esperamos es que los candidatos se asesoren bien y planteen un programa nacional de seguridad pública, de cero tolerancia, y que no se permita que los cuerpos policíacos y militares apliquen torturas y otro tipo de tratos degradantes a presuntos delincuentes. Pero también cero tolerancia, a la ineficacia policíaca y ministerial para acreditar delitos en el nuevo sistema penal acusatorio, que falta mucho para que funcione y bien.

La ley cuestionada

Sin duda, las últimas semanas han sido más que difíciles y complicadas para las fuerzas armadas. Al resolver un amparo en revisión, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por mayoría de siete votos, determinó que cuando en actos del servicio, un militar comete delitos que atentan de manera directa contra la disciplina castrense, el caso lo debe conocer un juez militar y no uno civil, siempre y cuando en los hechos no esté involucrado un particular, ni tampoco se trate de violaciones a derechos humanos.

Derivado de lo anterior, el máximo tribunal de justicia del país estimó necesario extender el criterio adoptado en septiembre de 2012 sobre la competencia de los jueces militares, a fin de recoger los más recientes pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia, destacándose que para la actualización del fuero militar no basta que el imputado sea un militar en activo, sino que es necesario que el delito se cometa en actos del servicio y guarde una estricta conexión con la disciplina castrense.

Por tanto, revocó la sentencia que en su momento había concedido el amparo a un comandante de una Base de Operaciones que teniendo como función específica el combate al narcotráfico, lo fomentó, concluyendo que en tales circunstancias corresponde a un juez militar conocer de la causa, en la que se le atribuyeron al justiciable los delitos contra la salud agravado y traición a las fuerzas armadas. Lo que es un hecho, es que a más de una década de lanzada la guerra contra el narcotráfico y tras la erogación de más de un billón de pesos en seguridad en los últimos 21 años, “el Estado mexicano ha fracasado en su función básica de procurar la protección de la vida, integridad y bienes” de los habitantes del país, manifestó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

El ex apoderado legal de la UNAM y destacado académico, dijo durante su participación en la inauguración de la “Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia”, organizada en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lamentó el incremento de la violencia, pese al despliegue militar al que han recurrido las últimas dos administraciones federales como respuesta a los altos índices delictivos. Al cierre del sexenio, los mandos militares y navales se la están viendo “negras” ante los graves acontecimientos en donde han estado implicados soldados, pilotos y marinos.

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