La guerra por Santa Lucía: dos dueños del terreno han impuesto amparos

La guerra por Santa Lucía: dos dueños del terreno han impuesto amparos

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Inmobiliaria Zumpango es la nueva dueña que sale a la luz por los terrenos donde se construye el nuevo Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, la cual reclama el 71% de toda la propiedad.

Inicialmente era tan solo el señor Raúl Romero Zenizo, identificado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como el primer propietario de las tierras, las cuales fueron declaradas como terreno nacional en abril de 2019.

La inmobiliaria alega que en 1976 compró 91 hectáreas de ese predio, como consta en la escritura 510 volumen 20, del notario público número 21, Genaro Billarent Romero, con sede en Tlalnepantla, Estado de México al dueño original, el señor Romero.

El impuesto por el traslado de dominio de ambos predios se hizo el 6 de mayo de 1976, ante la dirección general de Hacienda del gobierno del Estado de México.

Inmobiliaria Zumpango solicitó un amparo ante la justicia federal que le fue concedido y se espera la audiencia constitucional, igual que en el proceso iniciado por Romero Zenizo.

¿Quién tiene la razón?

Hoy, que formalmente reinician actividades los juzgados, después de la inactividad por la crisis sanitaria del COVID-19, se perfila pronto el desenlace de los juicios de amparo interpuestos en el juzgado quinto de Distrito en la Ciudad de México, por parte de Romero Zenizo y en el Juzgado Décimo de Distrito Segundo Circuito, en el Estado de México, por parte de Inmobiliaria Zumpango.

El juez de ambas causas tendrá que definir si las 128 hectáreas son terrenos nacionales, como lo declaró la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) el 26 de abril de 2019 o es propiedad privada como lo intentan acreditar Romero Zenizo e Inmobiliaria Zumpango a través de sus respectivos amparos.

En el caso de que se resuelva que ese terreno es propiedad de la nación, los trabajos de construcción de la nueva terminal aérea seguirían adelante y podrían terminar en tiempo y forma. Se estableció que en 2022 la terminal estaría lista.

En caso de que se reconozca la propiedad privada de los terrenos, el juez dejaría sin efecto la declaratoria de terrenos nacionales de abril de 2019 de la Sedatu. La Sedena tendría que expropiar esas propiedades privadas y convendría con los propietarios la cantidad a pagar por las 128 hectáreas, un total de aproximadamente 384 millones de pesos, a razón de 300 pesos el metro cuadrado.

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