No aplican correctamente el SJPA en el Estado de México

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Por: Mario López

Toluca, Méx.- La iniciativa ciudadana de la propuesta de la Ley de Amnistía del estado de México presentada en la junta de coordinación política de la LX legislatura local en busca de lograr la libertad de “falsos culpables” acusados de diversos delitos por no aplicarse correctamente en la entidad mexiquense la Reforma Constitucional del 18 de junio del 2008 para el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA).

Así lo dio a conocer, José Humbertus Pérez Espinoza, ex “Prisionero de Conciencia” y el 47 Preso Político liberado en México, quien refirió en la exposición de motivos de la iniciativa que la Reforma Constitucional del 18 de junio del 2008, estableció obligaciones de carácter legislativo y que fueron impuestas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes de la Unión, expidiendo a efecto a las leyes “No obstante, en el Estado de México no se cumplieron las obligaciones legislativas” reformistas ni diversos acuerdos en materia de seguridad y justicia, para cumplir con la instalación y consolidación del SJPA.

Explica que la Reforma Constitucional para instalar y consolidar el SJPA, en el país y en el Estado de México nació muerto, por la corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), (antes Procuraduría General de Justicia del Estado de México); porque el resultado fue que miles de Personas Privadas de la Libertad (PPL) son procesadas y sentenciadas siendo inocentes, por delitos que no cometieron, principalmente los llamados de alto impacto.

Cabe mencionar que el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que sentó las bases para el establecer un nuevo modelo para impartir justicia en el país el nuevo sistema de justicia penitenciaria y se otorgó al estado de México seis mil 500 millones de pesos de recursos federales del Fondo de Aportaciones a las Seguridad Pública que no fueron aplicados correctamente, “hubo desvío de recursos”, denunció el también litigante en derecho.

El gobierno federal establece en su portal que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en o

Ministerios públicos, peritos y policías tuvieron, dijo, que haber sido seleccionados, ingresados, formados en base a mecanismos de permanencia, evaluación y principalmente contar con la certificación Constitucional como operadores de justicia del Sistema de Seguridad Pública, para que así pudieran establecer la base de datos criminalísticas, tal y como lo marca el mandado: “Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema”.

Explicó que como consecuencia de la omisión de lo anterior en las cárceles mexiquenses miles de hombres y mujeres permanecen recluidos por diversos delitos que no cometieron tales como homicidio calificado, secuestro, violación, trata de personas, extorsión, feminicidios, delincuencia organizada, y diversos robos con violencia , violando el debido proceso penal acusatorio.

Detalló que “en su mayoría son jóvenes, quienes los discriminan, estigmatizados, excluidos por ser pobres, por su forma de vestir, tener tatuajes, tener discapacitados intelectuales, personas vulnerables, que luchan por la tierra, sus santuarios, indígenas, sus territorios, el agua y los santuarios naturales, personas que trabajan, entre otros”.

“Son detenidos arbitrariamente llevados ante el ministerio público, quien confecciona los delitos que mejor les parece por su apariencia, condición económica y social, estando en prisión les fabrican más delitos y les otorgan largas sentencias por delitos de los llamados de alto impacto que no cometieron, y son parte de una fallida lucha contra la criminalidad”, dijo.

En su carácter de activista en defensa de los derechos humanos y mediante la iniciativa ciudadana de la “Ley de Amnistía del estado de México”, José Humbertus Pérez, solicita a los integrantes de la LX Legislatura que se someta a consideración cuyo objeto es establecer las bases para decretar indulto a favor de las personas “falsos culpables”.

Cinco mil 200 internos y familiares en situación de penales mexiquense signaron esta inciativa que buscará que se les otorgué el perdón.