Hereda México una crisis de inseguridad

Hereda México una crisis de inseguridad

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FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

A casi 11 meses de gobierno de la actual administración, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó un informe de seguridad pública del Gabinete de Seguridad, esto durante la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El titular de la SSPC reconoció que nuestro país ha enfrentado una grave crisis de inseguridad con 33 millones de delitos y casi 25 millones de víctimas solo en 2018.

Señaló que de acuerdo con cifras del INEGI, 79% de los mexicanos declaró vivir con miedo durante ese mismo año y se recibió un país con uno de los mayores índices de corrupción a nivel mundial, al estar en el lugar 138 de 170 países.

Expresó que estas cifras informan la dimensión del reto que se enfrenta, por lo que se planteó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que parte de la idea motriz de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.

Uno de los ejes, señaló, es la sustitución del uso de la fuerza policial y militar por una visión amplia para combatir la inseguridad que atienda las causas profundas que la generan. Por ello destacó el acompañamiento de una política social que va en paralelo a la política de seguridad. Destacó que hasta el momento no se ha recibido ninguna recomendación por violaciones a derechos humanos de los cuerpos de seguridad, pues se dejó atrás la tortura como método para obtener información y el espionaje político.

Añadió que al hacer de la seguridad pública un espacio de neutralidad política se pudo crear la Guardia Nacional prácticamente por unanimidad, la cual contará con 140 mil elementos en 2021.

Subrayó las reformas a la constitución para optimizar los esfuerzos en la materia, como la modificación al Artículo 19 para incorporar delitos que requieren prisión preventiva oficiosa, entre ellos el abuso o violencia sexual, el feminicidio, la corrupción, delitos en materia de hidrocarburos y el uso de programas sociales con fines electorales.

Destacó la Ley de extinción de dominio, el fortalecimiento del Servicio de Protección Federal y el congelamiento de mil 995 cuentas bancarias relacionadas con actividades criminales, que ascienden a 5 mil 182 millones de pesos y 47 millones de dólares.