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CDMX.- Ante la amenaza de expropiar propiedades a ciudadanos inocentes contenida en la recién aprobada Ley de Extinción de Dominio, este día, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron una iniciativa de Reforma al Artículo 22 Constitucional para evitar que se cometan abusos contra la propiedad de la ciudadanía.
Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dulce María Sauri, Mariana Rodríguez, Claudia Pastor, Norma Guel, Soraya Pérez, Fernando Galindo, Pedro Pablo Treviño y Enrique Ochoa Reza proponen que sean los jueces los defensores de la presunción de inocencia y los derechos de propiedad, ante los posibles abusos del Ministerio Público, a lo largo de todo el proceso de “extinción de dominio”.
El diputado morenista Ricardo Exsome también se sumó a la iniciativa de reforma constitucional presentada el miércoles en la sesión de la Comisión Permanente celebrada en el Senado de la República.
El Diputado Federal, Enrique Ochoa Reza afirmó que “la iniciativa establece que no se le pueda quitar la propiedad a la ciudadanía, sino hasta que dicha medida sea dictada en la sentencia de un juez.” Cabe recordar que la nueva ley de “Extinción de Dominio” ha generado preocupación, pues permite que el Estado le quite su propiedad a ciudadanos inocentes antes de que se les declare culpables en sentencia judicial. Aspecto que viola evidentemente sus derechos fundamentales.
En la reforma constitucional propuesta, también se establece que no se le inicie un proceso de “extinción de dominio” a un ciudadano, sino hasta que un juez dicte -con pruebas en la mano- la vinculación a proceso en materia penal y no a partir del capricho de un Ministerio Público. Esto, indicaron, corrige otro aspecto preocupante de la nueva ley de “extinción de dominio” donde se permite que de manera paralela se inicie un proceso contra la propiedad de un ciudadano, sin que estuviera acreditado, con pruebas convincentes, que cometió delito alguno.
Los legisladores federales señalaron que el propósito de la Reforma Constitucional es concentrar la fuerza del Estado en combatir los delitos de corrupción, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y obstrucción de la justicia. Así lo establecen las mejores prácticas internacionales, como la Convención de Palermo. En lugar de que el estado persiga ciudadanos inocentes quienes -actuando de buena fe- se vean afectados en su propiedad, por los abusos que permite la nueva ley de “extinción de dominio”.
En la exposición de motivos, los priistas advirtieron que la recién aprobada Ley Nacional de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 Constitucional ha generado fundada preocupación en diferentes sectores de la sociedad, académicos, empresarios, investigadores, partidos políticos, e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Explicaron que los procedimientos previstos en la misma atentan contra el debido proceso, la presunción de inocencia, el respecto a la propiedad privada y, en general, contra el Estado de Derecho.
De igual modo, alertaron que esa legislación faculta al gobierno para vender anticipadamente los bienes de los presuntos responsables sin que exista una sentencia condenatoria; y peor aún, si el ciudadano resulta inocente y sus bienes fueron vendidos, el Estado se lo paga al precio que a su criterio considere.
Los priistas plantearon armonizar el Artículo 22 Constitucional con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos, también conocida como la Convención de Palermo, para efecto de delimitar que los procesos de extinción de dominio sean exclusivamente aplicados a las conductas delictivas que más lastiman a la sociedad.
Señalaron que están reduciendo más de 240 conductas delictivas, para concentrarse en los 4 delitos que están previstos en la Convención de Palermo: Delitos por Hechos de Corrupción, Delincuencia Organizada, por Lavado de Dinero; y los relacionados con Obstrucción de la Justicia.
Los priistas proponen adicionar garantías procesales a fin de que el Ministerio Público únicamente puedan iniciar un procedimiento de extinción de dominio cuando logre acreditar ante un juez que existen elementos que vinculan a proceso a las personas que están siendo investigadas.
