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Desde antes de asumir el gobierno y durante los siete meses que van de éste, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido su estrategia de “punto final” para garantizar la gobernabilidad del país. Por eso no ha promovido enjuiciar a ninguno de los ex presidentes de la etapa neoliberal.
Sin embargo, Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña en diferentes temas, pero de manera constante, se han dedicado a saborear a su Gobierno, porque les quitó privilegios y negocios producto de traficar influencias.
Sobre el tema de la obstrucción a su gobierno, López Obrador dijo ayer en su gira por Ecatepec, Chiapas, que los ex presidentes andan molestos porque, entre otras cosas, les quitó la pensión millonaria que gozaban.
“Ya no se le da la pensión de cinco millones de pesos mensuales a los ex presidentes, por eso andan algunos ahí poco molestos. Ya se van a ir acostumbrando”, destacó López Obrador.
El miércoles pasado, se suscitó una protesta inédita de Policías Federales: bloqueos en las casetas de las autopistas de la Ciudad de México a Cuernavaca, a Pachuca y a Querétaro. Pero también cerraron los alrededores del Centro de Mando. Una de sus principales demandas es que flexibilicen el paso de esa corporación a la Guardia Nacional, porque muchos no han pasado las pruebas y temen ser despedidos.
Ese mismo día, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, acusó que un grupo de policías solicitó que su representante legal para este movimiento fuera el ex presidente Felipe Calderón.
Este de inmediato salió a negar el hecho, y se lanzó contra Durazo, y defendió a la corporación, que en su sexenio se creó, con la fusión de la Policía Judicial Federal y la Policía Federal Preventiva.
Es un delicado boicot de Calderón, porque ocurre en uno de los temas más sensibles: la seguridad pública. Esa corporación que defendió Calderón, es la que asegura López Obrador que se echó a perder, con mayor énfasis en el sexenio de Enrique Peña. No hace falta probar ello, dijo el primer mandatario, es de dominio público.
En este tema de la Policía Federal, otro ex presidente molesto es Enrique Peña, porque va a perder los contratos de la empresa Cuerpos de Seguridad Auxiliares el Estado de México (Cusaem), para cuidar las instalaciones del Gobierno Federal. Desde que Peña llegó a la Presidencia, la empresa recibió contratos por unos 8 mil millones de pesos al año.
Y es que, el gobierno federal prevé cancelar todos esos contratos porque va a crear el Servicio de Protección Federal (SPF), a donde ofrecen empleo a los cientos de policías federales que no pasaron su examen a la Guardia. Son más de 39 mil 100 policías los contratados vía empresas privada. Esa es la molestia del ex presidente.
Otra molestia, que abarca a los cuatro ex presidentes citados, es la cancelación del aeropuerto de Texcoco, porque ahí tenían los cuatro ya negocios apalabrados. Pero el lunes anterior les terminó de sepultar sus esperanzas a los ex presidentes y a sus amigos empresarios metidos en ese negocio.
“Se ha demorado el inicio de esta obra porque nuestros adversarios quieren detenerla con una lluvia de amparos, y estamos siendo cuidadosos en el proceso de autorización del estudio de impacto ambiental, con el propósito de no darles ningún pretexto para que continúen esas campañas de sabotaje legal”.
El caso de Carlos Salinas tiene una vertiente más su estrategia de obstrucción al gobierno de López Obrador: es el cerebro de la creación de la “Resistencia a la 4T”, cuyo más destacado operador es el empresario Claudio X. González, quien patrocina un grupo de intereses que disfraza como una supuesta causa contra la corrupción.
También organizó una coperacha con otros empresarios como Eduardo Tricio, Germán Larrea, Alejandro Ramírez y Alberto Bailleres para boicotear al gobierno de López Obrador.-
Con mucho menos poder, Vicente Fox también quiere hacer tropezar al gobierno de López Obrador. Aunque sólo le alcanza para hacerlo en redes sociales, porque hasta de las marchas lo corren.
Quizás llegó el momento de que AMLO cambie la estrategia de “punto final” y lleve a juicio a los ex presidentes, para que lo dejen gobernar.
