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abril 25, 2024

México

Podrían ser acusados en libertad

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CIUDAD DE MÉXICO.– El 14 de junio de 2016, se aprobó una reforma legislativa al Código Penal, que sacó al lavado de dinero de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa tras ser acusados, como lo están el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya y Alonso Ancira, ejecutivo de Altos Hornos de México, por el desfalco multimillonario a la empresa productora del estado.

Aunque el Presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, ha pasado ya tres noches tras las rejas, su defensa ha alegado que por su condición de salud y edad, le es imposible “fugarse”, por lo que buscan que sea trasladado a la capital española para su liberación, evadiendo su eventual extradición y a la justicia mexicana por los delitos fiscales, auspiciados por gobierno priístas.

“Es incomprensible que una persona de 67 años tenga que estar en prisión 40 días”, expresó el abogado Ismael Oliver a la agencia Notimex.

Por su parte, la estrategia de la defensa de Emilio Lozoya Austin refiere que se debe investigar al fondo, e incluso, de ser necesario, citarían al expresidente Enrique Peña Nieto (EPN) para esclarecer las acusaciones, pues cualquier movimiento que se pudo haber dado dentro de Pemex, tuvo que tener el visto bueno de la presidencia de EPN.

Con sus cuentas congeladas, y ahora prófugo de la justicia desde hace 4 días, Emilio Lozoya podría pasar de 10 a 15 años tras las rejas, en caso de ser capturado y eso si no se le añaden las acusaciones que arrastra desde el 2017, por el caso Odebrecht, que aún permanece en la impunidad. Sin embargo, ya se está investigando por parte de la Fiscalía General de la República, como lo afirmara Alejandro Gertz Manero en la presentación del informe de sus 100 días de administración.

Gertz Manero sostuvo en entrevista radiofónica que las cuentas congeladas de Lozoya, no tienen nada que ver con la investigación en curso por la corrupción pactada entre el exfuncionario, con la transnacional brasileña Odebrecht, en 2012, para favorecer con recursos de procedecencia ilícita la campaña de Peña Nieto.

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