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Ciudad de México.- El diputado del PRD Víctor Hugo Lobo Román solicitó a la Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la Procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy y a la directora del Invea, María Idalia Salgado Hernández, realizar una profunda investigación respecto a las denuncias de los desarrolladores inmobiliarios, quienes se quejan de las extorsiones de que son objeto de parte de los servidores públicos de la alcaldía de Gustavo A. Madero, quienes conforman una extensa red de corrupción con chantajes a los constructores de vivienda con montos de hasta 100 mil pesos mensuales por el tiempo que duren sus obras.
Lobo Román indicó que de acuerdo a la carpeta de investigación FSP/B/UI-B2C/D/1613/04-2019 presentada ante la Procuraduría General de Justicia, en la alcaldía de Gustavo A. Madero, los funcionarios del área la Dirección Jurídica y de Gobierno, específicamente de verificación, han tejido una extensa red de corrupción para extorsionar a los desarrolladores inmobiliarios, con la amenaza de clausurar hasta que acepten pagar el monto indicado.
De acuerdo a las denuncias, los constructores de la región se encuentran en total desamparo, pues aseguran que: “NO ha sido fácil, dar este paso ( denuncia) y enfrentar con este escrito una mafia que no sabemos qué tan alto llegue, y que en un caso extremo pudiera atentar contra nuestra integridad física, por ello hacemos responsable de cualquier atentado o en contra de nuestros familiares, a Francisco Chigüil Figueroa, alcalde de Gustavo A. Madero”, sentenciaron.
El vicecoordinador de la bancada del PRD, señaló que no se trata de un tema menor, pues todas las acusaciones son públicas, están plenamente fundamentadas, incluso con grabaciones de las extorsiones, y los constructores denuncian una ola de corrupción en torno a la cuarta transformación en aquella localidad, donde nadie se salva de ser extorsionado.
Los sectores productivos de Gustavo A. Madero, no tan sólo sufren del cobro de piso, o de los frecuentes asaltos a mano armada de parte de la delincuencia organizada, sino más aún, de las extorsiones de parte de los servidores públicos que inhiben el desarrollo productivo de la región y crean un ambiente de terror en contra de los empresarios que arriesgan sus capitales en proyectos productivos.
Lobo Román fue claro al indicar que las denuncias presentadas deben de ser investigadas a profundidad, evitar que se les dé carpetazo, y por el contrario, castigar con todo rigor a los servidores públicos que se encuentren en esta red de corrupción.
De la misma manera pidió a la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX, tomar cartas en el asunto a efecto de realizar una investigación paralela para conocer y sancionar a los servidores públicos que hayan incurrido en irregularidades administrativas en contra de los denunciantes.
