Visitas
Ian Soriano
Organizaciones vecinales de la Ciudad de México, lanzaron un llamado para que los alcaldes junto con el Gobierno capitalino, rindan cuentas sobre los 2 mil desalojos arbitrarios que ocurren anualmente en las 16 alcaldías.
Denunciaron que por la vía judicial, el Registro Público de la Propiedad (Pepuve) ha permitido la proliferación de redes que operan de manera ilegal y lo peor, a decir de Lucino Rangel, representante de la colonia San Juan, es que las alcaldías no tienen ningún registro que hayan dado a conocer a la ciudadanía.
En el mismo tono, la representante de la colonia Roma, Silvia Pineda, comentó que el exhorto es para detener el arrebato de “nuestras viviendas” por parte de golpeadores profesionales contratados por empresas inmobiliarias asociadas a políticos, coyotes, notarios y abogados, principalmente en colonias del centro de la Ciudad.
Por ello, al menos seis organizaciones vecinales propusieron incluir en la primera Constitución de la capital, dentro de la Ley Constitucional de Derechos Humanos que las personas desalojadas: “no sean discriminadas, que sean indemnizadas en caso de sufrir pérdidas inmateriales, contar con las debidas garantías procesales, realojamiento a cargo de las autoridades”, entre otros planteamientos legales.
Los inconformes señalaron que aunque el 83% de los empresarios inmobiliarios han manifestado haber sido víctima de la corrupción por parte de las alcaldías y otros entes de gobierno, los verdaderos afectados son los ciudadanos.
FRASE
“Se trata de frenar al abuso del sector inmobiliario”.
Vecinos.
EN EL CENTRO
El mayor número de desalojos violentos se concentra en colonias del Centro.
