Los dilemas de la reducción salarial en el poder judicial

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CIUDAD DE MÉXICO.– En días recientes, Movimiento de Renovación Nacional (Morena), presentó una iniciativa de ley para bajar los salarios de jueces y magistrados del Poder Judicial.

La propuesta, que afectaría a jueces, magistrados, ministros y miembros del Consejo de la Judicatura Nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, causó escozor en el sector, pues no están de acuerdo con la medida.

La diputada María Chávez Pérez, al presentar la reforma legislativa, anotó: “La cuarta transformación tiene implícita la austeridad republicana y ésta no puede tener privilegios para nadie”.

La respuesta, a través de Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, AC, no se hizo esperar, y así lo manifestaron vía una misiva firmada por Luis Vega Ramírez, su director nacional: “Tanto la ONU como la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierten que el ingreso suficiente y la no reducción del mismo son condiciones mínimas para su seguridad y garantía, para que sean un contrapeso frente a cualquier autoridad”.

Y es que la propuesta presentada por Morena esboza derogar dos párrafos de los artículos 94 y 116 constitucionales, precisamente aquellos que garantizan a los integrantes del Poder Judicial, mantener sin reducción sus salarios.

Así, se planteó que “la derogación permitiría que los salarios del Poder Judicial sean ajustados mediante los tabuladores del Presupuesto de Egresos de la Federación para cada dependencia de la administración pública”.

CONDICIONES PARA UN BLINDAJE

Antes, en el marco del Día del Abogado, Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte y de la Judicatura Federal, habló sobre el tema, y dijo que los salarios de los funcionarios del Poder Judicial deben ser “dignos”.

Así: “Las condiciones de seguridad, estabilidad, remuneraciones dignas y capacitación no son en beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de éstos, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable, ineludible”.

En este sentido, el catedrático de la UNAM, Alberto del Castillo del Valle, indicó que en el caso del Poder Judicial la resolución de bajar los salarios podría verse complicada debido al marco legal vigente.

“En el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, el Artículo 94 en su decimoprimer párrafo de la Constitución dice que las remuneraciones que perciben por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de distrito, los jueces de distrito y los consejeros de la judicatura federal, así como los magistrados electorales no podrán ser disminuidas durante su encargo”, precisó.

Por su parte, César Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, apuntó que el artículo constitucional que de manera más amplia aborda el tema es el 127, donde se precisa que nadie podrá ganar más que el Presidente de la República.

Empero, el mismo especialista precisó que existen otros artículos, como el 94, donde se establece que la garantía económica, para proteger “a ciertos funcionarios públicos, para que en el tiempo de su encargo no puedan ver disminuidas sus prestaciones económicas”.

Ello, detalló, tiene la finalidad de blindar su trabajo ante las decisiones políticas que se toman y dentro de los cuales se encuentran algunos órganos autónomos.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, a través de la misiva rubricada por Luis Vega Ramírez, externó que, “sin menoscabo del respeto a la tarea legislativa”, la propuesta de reducción de salarios, “va en sentido contrario al interés histórico de preservar la independencia de los encargados por velar por los derechos humanos de los mexicanos y, por tanto, de la autonomía del Poder Judicial”.

La misma carta indica que tanto la Organización de Naciones Unidas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, advierten que el ingreso suficiente y no la reducción del mismo, aunado a la certeza en las adscripciones, así como la inamovilidad en los cargos de los juzgadores, “son condiciones mínimas para su seguridad y garantía de que sean un contrapeso frente a cualquier autoridad”.

“Blindados contra actos de sobornos”

Miguel Ángel Antemate Mendoza, investigador de la UNAM, publicó el 8 de agosto un interesante artículo de opinión, bajo el título “Reducción salarial al Poder Judicial de la Federación, ¿buena idea?”, en la página web Derecho en Acción, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), del cual se reproducen partes sustanciales.

“Para el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alrededor de 48 mil servidores públicos integran al PJF en sus 892 órganos jurisdiccionales. El 85% de estos trabajadores son servidores públicos de ‘funciones sustantivas’. Se trata de ministros, magistrados, y jueces federales además de los secretarios, actuarios, oficiales judiciales o profesionales operativos y técnicos que participan en cada una de las etapas de un juicio constitucional. Es decir, todo el proceso desde la demanda hasta la sentencia y la difusión de ésta. Se trata de una ‘cadena productiva pública’, cuyos resultados son sentencias que resuelven conflictos entre particulares y autoridades en donde entran en juego los derechos humanos de mexicanos y extranjeros…

“Si los juzgadores obtienen una remuneración adecuada, es lógico que se encuentren ‘blindados’ contra actos de soborno o de coacción. De esta manera se garantiza que el acceso a la justicia sea llevado a cabo únicamente por razones objetivas y no por intereses subjetivos”.

El mismo autor rememora que la Relatora para la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, ha recomendado a México que:

“El Poder Judicial y de la administración de justicia deberían contar con un presupuesto autónomo, adecuado y suficiente para su efectivo funcionamiento, y (…) considerarse y aprobarse las diversas iniciativas y propuestas sometidas a la consideración de diversos Congresos que plantean que un porcentaje no inferior al 2% de los presupuestos federal y estatal sea asignado a los poderes judiciales”.

Ahorro propuesto por el sector Judicial

A mediados de septiembre, luego de la reunión que sostuvo el Presidente electo con integrantes del Poder Judicial, se informó que este sector propuso una reducción de 5 mil 72.8 millones de pesos para el gasto de 2019.

Dicha propuesta contempla la disminución de 3 mil 870 millones de pesos para el Consejo de la Judicatura Federal, 858.2 millones de pesos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 350 millones de pesos que aplicará el Tribunal Electoral.

Entre las reducciones destaca el ahorro de 700 millones de pesos en salarios del Consejo de la Judicatura Federal. Y la SCJN propuso una reducción presupuestal de 852.8 millones de pesos a través de 10 rubros en los que se usarán las medidas de austeridad.

De igual forma, prevén disminuir la política de inversión pública de bienes y servicios para suspender la construcción de obras nuevas, y cancelar la adquisición de vehículos y equipo de cómputo, mobiliario, gastos protocolarios, congresos y convenciones, demás de viáticos y pasajes.

Estos ajustes, de acuerdo a los mismos servidores del Poder Judicial de la Federación, permitirán bajar los gastos, sin comprometer la independencia de los juzgadores, ni el fortalecimiento de la carrera judicial, y asegura el servicio de impartición de justicia de los mexicanos.