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marzo 28, 2024

CDMX

Espinoso caso Norberto

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ARTURO RÍOS RUIZ-CDMX, HOY Y MAÑANA

ASUNTO CARDENAL.- Hay un mar de dudas respecto al ataque en la casa del Cardenal Norberto Rivera, hombre que en funciones tuvo posturas ante acciones de Gobierno que unas veces causaban polémica y otras  enfrentaba a mandatarios por anuncios que chocaban con los dogmas religiosos, el aborto, casamiento entre homosexuales y esas cuestiones. Nada que preocupara.

Un hombre llega a su casa a entregar un sobre, le abren la puerta y dispara tres veces contra el guardia del prelado que muere antes de ser atendido por los doctores; el responsable huye y se pierde en la inmensidad de las calles de la Ciudad.

Así de escuetos fueron los hechos, datos vagos, su vestimenta: “parece que vestía de militar” sin pruebas, un comunicado del Episcopado que informa el suceso, y silencio total.

Por la radio la policía rendía el parte: “Para los compañeros, reportan que en la colonia Florida perímetro de San Ángel, de una camioneta verde descienden varios sujetos en la casa del cardenal Norberto Rivera Carrera y los agreden con armas de fuego, resultando heridos los escoltas y el secretario en el lugar. Esto a las 15:00 horas.

Otro reporte: “Indica Sagitario que el compañero lesionado acaba de fallecer en el Hospital Obregón a las 16:11, a causa de varios proyectiles de arma de fuego, heridas en maxilar derecho en el tórax lado derecho y en el pie derecho. Su nombre, Hernández Nava José Javier PBI (Policía Bancaria e Industrial), que se alquilan.

Para empezar, la actuación del sicario fue la de un profesional, trazó un plan que desarrolló tal y como se supone era el objetivo: dejar un mensaje siniestro al dueño de la residencia, lo que apura una profunda indagación en torno al caso. Son avisos que no se pueden soslayar.

Y SON NUESTROS.- En el país contamos con 12 millones 025 mil 947 indígenas, 10% de la población total, y por ello preocupa lo que afirma  Victoria Tauli-Corpuz, relatora de la ONU sobre los derechos de este estrato social. Dice que los indígenas detenidos enfrentan violaciones al debido proceso, sin defensa adecuada, sin intérpretes, abogados, defensores y operadores de justicia que hablen sus lenguas. Principalmente en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Michoacán.

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