Visitas
Algunos lectores poco informados –y por tanto susceptibles de ser manipulados con cualquier monserga–, reclaman por el hecho de que insistamos en el imperativo de correrle proceso a enrique peña nieto, ahora o a partir del primero de diciembre, con el falaz argumento de que “la Constitución prohíbe juzgar a un mandatario”, esto es como si se situara por encima de los demás mortales escapando del derecho pero sirviéndose de éste para golpear y perseguir a sus enemigos. Si tal fuera, la democracia nuestra sería una lejana utopía.
El error es tan grande como el de cuantos claman por la legalidad del aborto sin detenerse en el mandato acerca de que se permite el llamado “terapeútico”, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, y si la gestación ocurre como consecuencia de una violación. Pese a ello, tales apartados fueron rebasados por la exigencia de muchas mujeres –no todas como se dice–, a gobernar su propio cuerpo y decidir así su derecho a ser madres o no, aunque otros, más conservadores, insistan en que el feto en desarrollo ya no les pertenece a ellas. Una discusión interminable y con demasiados asegunes.
Pues bien, el presidente no está ni puede estarlo fuera de la ley; al contrario: está más limitado que ningún otro porque tiene obligaciones ineludibles tales como tener que denunciar a cualquier funcionario de quien se tenga referencia de haber cometido un delito o estar bajo fiscalización incesante –antes a través del Congreso y ahora, por un decreto contrario al espíritu del Constituyente, mediante el concurso de la Secretaría de la Función Pública que se ha hundido por las complicidades evidentes con el titular del Ejecutivo como, por ejemplo, en el caso de la casa blanca de los peña solapado por Virgilio Andrade Martínez–, rindiendo cuenta precisa de cada uno de sus actos; cuando menos tal dice la Constitución, seiscientas veces violada con reformas ad hoc de cada mandatario.
Los manipuladores, además, extienden así la idea de que a peña no se le puede procesar. ¡Mienten groseramente! En los 87 días restantes de su bárbara administración podría serlo por causa de un delito grave –y no es uno solo–; y después del 30 de noviembre, a la medianoche, en su nueva condición de ciudadano común no podría eludir el andar de la justicia sea quien fuese el promovente de la acción penal, función que también tendría el presidente entrante con el agregado de que la Procuraduría General de la República, o la Fiscalía General, están todavía ahora –aunque puede cambiarse si se determina la autonomía del órgano competente–, bajo el mando y tutela del Ejecutivo.
Lo anterior demuestra la gravedad de las filtraciones, sobre todo en las redes sociales, que confunden y aumentan el rencor de cuantos desconocen el fondo o pretenden tener conocimiento –porque algo leyeron proveniente de un manipulador– y por ello suponen estar mejor informados que los expertos a quienes tildan, generalizando, de serviles, mercenarios y, en el caso de los periodistas, como “chayoteros”, quienes viven a expensas ocultas del erario público. Y sueltan su palabrería venenosa con el vigor de las víboras, siempre agazapadas.
En México deben cambiar muchas cosas; comencemos con nosotros mismos siendo más inteligentes que los gurús cibernéticos simuladores.
