La crisis por el desvío de 750 mil millones

La crisis por el desvío de 750 mil millones

Lilia Cortés, como directora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, se negó a realizar un atraco legal que a la postre le costó el cargo

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Ian Soriano

CIUDAD DE MÉXICO.- No alcanzarían los dedos de las manos de un mexicano para contabilizar los escándalos relacionados con actos de corrupción, en los que resultan involucrados tanto hombres como mujeres al frente de un cargo público.

Destaca de manera positiva entre estos asuntos de desfalco al erario público el de la funcionaria, Lilia Cortés García, doctora en Derecho y quien como directora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, se negó a realizar un atraco legal que a la postre le costó el cargo.

La petición era transferir 750 mil millones de pesos del presupuesto acordado por el Congreso de la Unión a partidas de gastos diferentes, bajo la firma de autoridades inventadas para tramitarlo.

La transacción fraudulenta sí se llevó a cabo, menciona la exfuncionaria de la SHCP, y además describe: “Se hizo y es el semillero de todos los problemas financieros tanto de los estados, como de municipios y de la federación”.

En el año de dicho fraude, 2002, fungía como secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, quien intentó que la abogada Cortés cediera a la solicitud apó- crifa a través de la funcionaria Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, directora general de Programación “A”.

En pago por su conducción recta como funcionaria pública, la abogada Lilia Cortés fue despedida de la dependencia federal encargada de vigilar y distribuir la hacienda pública del país.

PERSEGUIDA Y AMENAZADA

De acuerdo con la abogada, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza ofreció 50 millones de pesos a los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito para que ampararan a la SHCP evitando so de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lilia Cortés agrega en un video difundido en redes sociales: “Y además les dio plazas y otros tantos millones a otros funcionarios que intervinieron durante el proceso”.

En los años posteriores, Cortés ha sido perseguida, amenazada y agredida por poner en evidencia la corrupción que prevalece en una institución del peso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con esta historia, que forma parte de nuestra real y tangible democracia, tres presidentes mexicanos que han ocupado la silla de Los Pinos quedan bajo la lupa, al igual que los al menos cinco secretarios de Hacienda que habrán sabido del caso “Lilia Cortés”.

En este 2018 electoral y de promesas de campaña, este es uno de los casos de honor al servicio público por parte de una funcionaria comprometida con su país y, más allá, con el deseo de contribuir desde su gestión y ámbito profesional a la eliminación de la corrupción, factor determinante entre las plataformas de los candidatos presidenciales y en la consciencia de los electores.

 

Un caso que pudo ser para Ripley

CIUDAD DE MÉXICO.- Suena para Ripley, pero es real. El asunto de la abogada Lilia Cortés García ha sido denunciado en 56 instancias dentro y fuera del país. Y más de 39 organismos no gubernamentales le han brindado su apoyo en esta lucha.

Con pruebas en mano, la exfuncionaria Lilia Cortés ha demostrado cómo los abogados de la Secretaría de Hacienda han actuado de manera indebida en su caso, para tapar los delitos de desacato y abuso de autoridad, peculado y corrupción, en que han incurrido los entonces titulares de esa institución Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens, Ernesto Cordero, José Antonio Meade y Luis Videgaray.

Lo que es peor: a Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, la funcionaria que aprobó la transferencia del presupuesto por órdenes de Gil Díaz, pese a las denuncias en su contra ante la PGR, fue nombrada Oficial Mayor por el procurador Daniel Cabeza de Vaca.

En su momento, también se señalaron ante la opinión pública a José Luis Soberanes, entonces presidente de la CNDH, y a Eduardo Romero Ramos, el secretario de la Función Pública, por servir como tapaderas de la SHCP en este asunto.

El columnista Francisco Rodríguez reportó: “Así fue como Cecilia Barra sobornó a los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito para que ampararan a la SHCP evitando la reinstalación en su cargo de Lilia Cortés García, entregándoles la suma de cincuenta millones de pesos, según consta en autos. El presidente de ese Tribunal, Héctor Arturo Mercado, fue rechazado después en su afán de integrarse al Tribunal Federal Electoral…”.

El mismo Rodríguez escribió que Barra sobornó también a los miembros del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que habían emitido un laudo favorable a la reinstalación de Lilia Cortés a su cargo en la SHCP, para lograr que finalmente sobreseyeran el expediente, y hacerlo dormir el sueño de los justos.