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La ley cuestionada

Sin duda, las últimas semanas han sido más que difíciles y complicadas para las fuerzas armadas. Al resolver un amparo en revisión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de siete votos, determinó que cuando en actos del servicio, un militar comete delitos que atentan de manera directa contra la disciplina castrense, el caso lo debe conocer un juez militar y no uno civil, siempre y cuando en los hechos no esté involucrado un particular, ni tampoco se trate de violaciones a derechos humanos.

Derivado de lo anterior, el máximo tribunal de justicia del país estimó necesario extender el criterio adoptado en septiembre de 2012 sobre la competencia de los jueces militares, a fin de recoger los más recientes pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia, destacándose que para la actualización del fuero militar no basta que el imputado sea un militar en activo, sino que es necesario que el delito se cometa en actos del servicio y guarde una estricta conexión con la disciplina castrense.

Por tanto, revocó la sentencia que en su momento había concedido el amparo a un comandante de una Base de Operaciones que teniendo como función específica el combate al narcotráfico, lo fomentó, concluyendo que en tales circunstancias corresponde a un juez militar conocer de la causa, en la que se le atribuyeron al justiciable los delitos contra la salud agravado y traición a las fuerzas armadas. Lo que es un hecho, es que a más de una década de lanza da la guerra contra el narcotráfico y tras la erogación de más de un billón de pesos en seguridad en los últimos 21 años, “el Estado mexicano ha fracasado en su función básica de procurar la protección de la vida, integridad y bienes” de los habitantes del país, manifestó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

El ex apoderado legal de la UNAM y destacado académico, dijo durante su participación en la inauguración de la “Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia”, organizada en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, lamentó el incremento de la violencia, pese al despliegue militar al que han recurrido las últimas dos administraciones federales como respuesta a los altos índices delictivos. Al cierre del sexenio, los mandos militares y navales se la están viendo “negras” ante los graves acontecimientos en donde han estado implicados soldados, pilotos y marinos.