El hartazgo social

67

Mientras que centenares de familias capitalinas de todo tipo de estratos sociales –a cinco meses de los sismos que dañaron severamente sus hogares–, ya están hasta el hartazgo por la falta de respuesta de la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa y de que los partidos políticos de izquierda, léase PRD y Morena, pretenden hacer un uso electorero en el manejo y distribución de casi 15 mil millones de pesos destinados a la reconstrucción, el Gobierno federal prácticamente se lava las manos y hace como que no ve el problema.

Aunado a ello, Mauricio Merino, Katia D´Artigues, Ricardo Becerra y Fernando Tudela renunciaron a los cargos en la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, instancia encargada de atender los daños causados por el sismo del 19 de septiembre. Fernando Tudela, el cuarto en dimitir a ese organismo en menos de una semana, acusó que los tres diputados de la Asamblea Legislativa –Leonel Luna, Jorge Romero y Mauricio Toledo– se encargaron de definir la asignación de presupuesto para la reconstrucción, sin tomar en cuenta el diagnóstico de las necesidades de las personas afectadas por el sismo, y las prioridades que ya había establecido la Comisión.

En ese sentido, Mauricio Merino dijo que las razones para dimitir son, entre otras: La Comisión no garantiza el ejercicio de la labor de los comisionados, quienes ante las facultades otorgadas a tres legisladores en el Presupuesto de Egresos de la CDMX 2018, no tendrían capacidad de vigilancia y monitoreo “para cumplir con nuestra encomienda, ya que las decisiones de autorización de recursos recaen sobre la Asamblea de la CDMX. Se vulneran las facultades del Ejecutivo de la CDMX y se violenta la Constitución de la Ciudad de México.

“No es posible renunciar a las facultades otorgadas por una Ley o Decreto a través de comunicados o desplegados de prensa. Para que el Gobierno de la Ciudad de México, por medio de la Secretaría de Finanzas, ejerza y autorice los recursos de la reconstrucción, los asambleístas deben modificar la redacción de los artículos 13 y 14 del decreto”. En una carta dirigida al jefe de Gobierno, Tudela expresó que le “ilusionaba participar en un proceso, a partir de un contacto directo con los afectados, sin intermediaciones ni captura de intereses… (lo que) permitiría construir una agenda ambiciosa a la que se daría cauce mediante una acción colegiada, oportuna y eficaz”.