Con olor a muerte (Parte 2)

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Las notas periodísticas del 27 de septiembre relataron cómo en tan sólo 12 minutos, aprovechando la desgracia de los sismos de una semana anterior, senadores del PRI y del PVEM –institutos enfrentados hoy por la disputa del gobierno de Chiapas– integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobaron los dictámenes de la Ley General de Biodiversidad y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pese a las protestas en contra de organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y hasta científicos.

La iniciativa original fue del Partido Verde Ecologista de México, particularmente de la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso, aunque en realidad el partido aliado del PRI responde a los intereses poderosos del Grupo Salinas. El señalamiento es de la organización internacional Greenpeace, la mayor ambientalista del mundo que el 19 de diciembre de 2017 manifestó su preocupación junto con organizaciones de la Sociedad Civil que acusaron directamente a la senadora Ninfa Salinas del PVEM, directiva del corporativo mencionado.

En un escrito firmado por organismos y personas se detalló que dicha aprobación se llevó a cabo de manera sorpresiva y sin la amplia consulta exigida por la sociedad, tal como lo mandatan los estándares de derechos humanos. En el documento se narró entonces que la iniciativa fue presentada originalmente para ser aprobada de forma expedita en el marco de la COP13 del Convenio sobre Diversidad Biológica en diciembre de 2016 en Cancún. Sin embargo, dadas sus deficiencias fue frenada en aquel momento.

El dictamen actual fue negociado sin una discusión abierta Guillermo Correa y aprobado en el Senado el 14 de diciembre con 89 votos, para ser enviado a la Cámara de Diputados. La aprobación de la nueva propuesta de Ley se llevó a cabo sin la consulta de un sector amplio y representativo de la sociedad civil y sin el aporte de quienes se verán afectados por su aplicación, principalmente las comunidades y los pueblos indígenas. De esta manera se vulneran los derechos a la consulta previa y al consentimiento libre e informado establecidos en el Convenio 169 de la OIT.

Además de la forma en que fue aprobada, las organizaciones y personas firmantes también expresaron su condena en torno a varios puntos críticos incluidos en la Ley propuesta, como la escasa protección de los recursos genéticos y su mercantilización, que podría agudizar conflictos asociados al acceso y reparto de beneficios a comunidades locales o pueblos indígenas; la falta de claridad en materia de consulta y participación ciudadana, pues los espacios que se proponen en este sentido están mal diseñados y no cumplen la función de ser mecanismos reales de deliberación.