Con olor a muerte

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Hace años que los bosques de México tienen olor a muerte. Por su envidiable riqueza, conocido como el “oro verde”, desde hace años el botín de empresas trasnacionales, de políticos y de tala montes que forman parte del crimen organizado. Todos se han ensañado contra los indígenas, auténticos dueños de lo que también se conoce como los pulmones del país que cada vez son menos. Guadalupe Campanur Tapia, purépecha de Cherán, Michoacán, fue asesinada y su cuerpo encontrado la semana pasada. El Congreso Nacional Indígena la recuerda como una incansable defensora de los recursos naturales y su territorio comunal. Responsabilizó de la muerte al mal gobierno, porque sin la descarada corrupción y complicidad con los cárteles de la delincuencia organizada la compañera Lupita seguiría entre los suyos, defendiendo lo colectivo por encima de todo. El Consejo Indígena de Gobierno demandó justicia y denunció el despojo permanente que han padecido los pueblos nativos del país. Hay que tomar en cuenta que del total de los asesinatos a ecologistas en todo el mundo, 185 en 2015, un 66 por ciento se dio en América Latina y que 33 de ellos fueron en México. Un año antes le tocó a Isidro Baldenegro, igual que en 1986 sucedió con su padre. A balazos, por su lucha en preservar la tierras ancestrales de su comunidad tarahumara, situada en el vasto territorio del estado de Chihuahua. Sus compañeros recuerdan que el defensor de los bosques había optado por esconderse en una lejana casa de la sierra ante las múltiples amenazas de muerte recibidas.

CONTRA MADEREROS En 1985, Baldenegro fue reconocido con el Premio Goldman, presea mundial que se entrega a líderes ecologistas. Su actividad ambientalista se conocía sobre todo en el Continente por su lucha contra los madereros que ansían acabar con los bosques de pino y roble de la Sierra Madre Occidental que atraviesa el territorio chihuahuense. Así ha pasado con otros indígenas de Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Oaxaca, Guerrero, Estado de México, la zona rural de la capital de la República, Durango y muchas entidades más. Otros han caído presos. El caso de Idelfonso Zamora que estuvo encarcelado nueve meses fue detallado en su momento por Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juá- rez y Greenpeace. En junio de 2016 el defensor indígena ambientalista obtuvo un amparo tras casi un año de haber estado recluido. El líder indígena tlahuica ha luchado por años contra la tala ilegal en el Estado de México. Otros presos de conciencia deben encontrar también su libertad. Con estos antecedentes lo que no tiene nombre es el crimen que cometieron sigilosamente nuestros flamantes legisladores en el último trimestre del año pasado.