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Los partidos políticos siguen inmersos en disputas internas intestinas; continúa en franco declive el ejercicio de sus funciones como órganos de representación política. El tejido social colapsa. Inseguridad y violencia se desbordan aún más, nuevas regiones del país se convierten en zonas de conflicto.

Para el otro escenario –cada vez más lejano– Candela Ramírez describe: La transición política se emprende bajo una agenda que plantea pasar de un viejo sistema a implantar uno nuevo, contempla la decisión de parte de la sociedad por asumir una nueva vocación de exigencia, participación, solidaridad y corresponsabilidad. El gobierno, por su parte, muestra vocación para garantizar permanentemente el ejercicio de una democracia basada en la pluralidad, la libertad, la paz social, la consolidación y vigencia de un estado de Derecho y el desarrollo pleno de una economía de mercado que promueve la libre iniciativa, la creación de empresas, la productividad, la competitividad internacional, la definición y defensa de los derechos de propiedad, así como la formación de una cultura empresarial que base su actuación en la responsabilidad social y una nueva cultura laboral que propugne y concilie los intereses de los factores de producción.

Pero el gobierno de Trump se afianza en el poder y decide unilateralmente la cancelación del TLCAN y este hecho se convierte en un factor perturbador más para México, puesto que los agentes económicos optan por asumir posiciones de cobertura frente a un mayor riesgo. El país continúa regido por una política económica conservadora que busca como prioridad, dar continuidad y consolidar los avances y metas, hasta ahora logrados, en el ámbito macroeconómico. Se asume que el camino hacia el desarrollo nacional sigue estribando en aprovechar las ventajas de ser una de las economías más abiertas del mundo privilegiando “el crecimiento hacia afuera”; en contraparte, se evita instrumentar políticas explicitas y deliberadas para inducir las transformaciones que el país requiere para fortalecer el “crecimiento hacia adentro”, esto genera limitaciones severas en la calidad de vida, como consecuencia de la caída en los niveles el ingreso personal disponible.

El investigador asienta en su análisis que la corrupción reinante en diversas esferas de la vida pública nacional alcanzó en 2015 la cifra de 32 millones 921 mil actos corruptos –Inegi– lo que traducido en costos equivale al 8 por ciento del PIB y sigue con su escenario de que no existe un marco institucional que permita abatir este mal, por lo que la aceptación hacia el gobierno toca fondo. El clamor social por un cambio de régimen se generaliza. No se logra consolidar el pleno desarrollo de un estado de Derecho; se prolonga la vigencia de un período de inseguridad colectiva; permanece débil el aparato de impartición de justicia lo que pospone el anhelo de contar con un modo de vida sustentado en la equidad y la inclusión social.