Rafael Loret de MOLA

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De acuerdo a los legisladores, falsamente demócratas e hipócritamente “defensores” de la (su) libertad, cualquier crítica, siendo cierta y probada, puede ser motivo de sanción si se consideran que daña la reputación de la persona, política o no, a quien va dirigida. Esto es, la suspensión total de la libre expresión porque cualquier descendiente de Santa Anna o Victoriano Huerta puede alegar lo conducente, en defensa del honor familiar, para perseguir igualmente a los historiadores que se empeñen en ensuciar (más) el ajado rostro de los antihéroes.

Así se prepara, por desgracia, el inminente fraude electoral de 2018, a golpes de silencio impuesto y amenazas militares bajo el cobijo de una ley de seguridad interior incluso cuestionada por la ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pero, lo sabemos ya, en este país nada importa que sea contrario a los intereses del bandidaje oficial y sus aliados en el crimen organizado, desde los “capos” en fase de amnistía –si Andrés gana los comicios–, hasta los secuestradores y subversivos escondidos detrás de las carteras ministeriales, los escaños, las curules y los plenos de magistrados y ministros de la Corte. Todo alrededor destila complicidad.

Así que nos impondrán una mordaza… si nos dejamos. Es el momento justo para señalar a quienes, senadores y diputados, de ambos sexos o bisexuales o de otras preferencias, intentan coartar la libertad para protegerse las espaldas y así, por desgracia, intentar repeler la voluntad general para manejarla después al antojo de una clase política en franca putrefacción.