Encabezó EPN XLIII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública

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Ciudad de México.- El día de hoy se llevó a cabo la Sexagésima tercera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en la capital del país, dirigida por el Presidente y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Enrique Peña Nieto.

El Consejo Nacional de Seguridad pública es el órgano superior del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que se conforma por los secretarios de Gobernación, de Defensa Nacional, Marina, el procurador General de la República, los 32 gobernadores de cada entidad; el jefe de Gobierno de la capital, además del Comisionado Nacional de Seguridad Pública y el secretario ejecutivo del SNSP.

Al inicio de la sesión, Miguel Ángel Osorio Chong expresó que “hace poco más de una década la inseguridad se convirtió en uno de los mayores flagelos para el país”.

“Esta delincuencia mutó, desarrolló capacidades para diversificar y crear nuevos mercados ilícitos para controlar comunidades y lucrar con el temor de las familias” agregó el Secretario de Gobernación.

Sin embargo, argumentó sobre el deterioro sostenido que han vivido  las instituciones encargadas de la seguridad pública; “mostraban signos de desgaste y en algunos casos se encontraban rebasadas para cumplir su función”, expresó.

Se sometieron a consideración de los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad los acuerdos respecto a la implementación de acciones para prevenir y atender la violencia generada por el uso de armas, fortaleciendo las diversas mediadas de seguridad y resguardo de armas de fuego, tanto como el fortalecimiento de las campañas de canje de armas.

En Palacio Nacional, durante la sesión, los gobernadores de los 32 estados respaldaron la controversial Ley de Seguridad Interior en un contexto de incidencia delictiva nunca antes vista desde que se tiene registro, colocando al 2017 como el año más violento.

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, afirmó que tal ley le da certeza jurídica a las fuerzas armadas para poder estar en las calles, apegándose al respeto de los derechos humanos.

También se argumentó que es necesario garantizar la profesionalización y efectividad de las fuerzas policíacas, pues de los 2 mil 440 municipios que conforman todos los estados, 600 de ellos no cuentan con una corporación policíaca; mientras que en mil 600 su policía cuenta con menos de cien elementos, lo que deja un fuerte rezago frente al combate al crimen.

Miguel Ángel Macnera expresó respecto a los acuerdos tomados en la sesión enfocados al tema la Ley de desaparición forzada que:

“Todos y cada uno de los gobernadores de la República hemos manifestado de manera expresa la total disposición por llevar a cabo las acciones necesarias para implementar satisfactoriamente las líneas y los objetivos de esta ley”.

Alfredo del Mazo Maza, gobernador electo en 2016 en el Estado de México, uno de las entidades más violentas del país, expresó que “la mayor aspiración de una sociedad es tener la certidumbre y certeza de que sus derechos y libertades están protegidos por la ley”.

En la declaratoria de clausura EPN dijo que “garantizar la seguridad de las familias mexicanas es una labor que exige corresponsabilidad entre los poderes públicos y entre los tres órdenes de gobierno con la participación activa de la sociedad”.

El presidente de la república argumentó que su administración ha atendido el desafío de la seguridad como un asunto de estado y no sólo de gobierno, conceptualizando el problema de la seguridad pública como un problema que atañe a todos los actores que conforman la sociedad mexicana.

Pues en su administración, la incidencia delictiva registrada, ha sufrido un incremento nunca antes registrado en la historia de la nación como lo muestran los balances realizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

No obstante también se pronunció sobre la Ley de Seguridad Interior, “soy consciente de que este ordenamiento que habré de promulgar esta tarde es especialmente sensible para la vida pública del país”, dijo Enrique Peña Nieto.

“Distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y académicos han expresado que, a su criterio, el contenido de la ley es inconstitucional. Como sabemos corresponde únicamente a nuestro máximo tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, agregó EPN.