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Cuentan los historiadores que la Revolución Mexicana inició un 20 de Noviembre de hace 107 años y que fue provocada por la dictadura de Porfirio Díaz que desarrolló económicamente el país a costa de crueles sufrimientos económicos y sociales de la mayoría, hasta que el descontento se desbordó cuando el oaxaqueño anunció que con 31 años en el poder ya no habría otra reelección.

Si llevamos esto a nuestra realidad, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que las condiciones se han repetido si se reconoce que ha existido una dictadura de la derecha –PRI y PAN– y que ésta se ha agudizado en los más recientes tres decenios en que ha gobernado el neoliberalismo. Sólo que ahora estamos a un año de elecciones federales y el Partido Revolucionario Institucional, muy lejos de la determinación del general tuxpeño, amenaza con administrar una nación seis años más a costa de lo que sea.

Los mismos registros históricos confirman las similitudes. Wikipedia asegura que el porfirismo se extendió más bien a 34 años y que su caída obedeció a la poca credibilidad ganada y a que los opositores se fueron incrementando a causa de las diversas crisis simultáneas que se dieron en todos los ámbitos: social, político, económico y cultural. Pocos dudan de que actualmente se padezca una realidad parecida que desde hace años ha provocado el hartazgo de la mayoría, al padecer la corrupción e impunidad que impera en gran parte de las instituciones, producto de la lucha de hace un siglo en la que es lugar común destacar que en ella murieron más de un millón de campesinos e indígenas que conformaban el México rural y rebelde.

Recordemos que como antecedente al conflicto armado, la tierra fue arrebatada a sus auténticos dueños que poco a poco se convirtieron en peones o esclavos de los llamados hacendados. Para 1910, según los estudios, menos del uno por ciento de las familias en México poseían o controlaban el 85 por ciento de las tierras cultivables.

A más de cien años se calcula que una quinta parte del territorio nacional está concesionada a alguna empresa minera y que el uno por ciento de la población tiene el 43 por ciento de la riqueza del país, mientras que 55.3 millones de personas viven en la pobreza. Victoria Tauli Corpuz es la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Acaba de recorrer varios estados de la República y de recibir cientos de lamentos de pueblos nativos. Hace unos días dijo que hasta 2013 había en el país alrededor de dos mil 600 concesiones mineras, la mayoría ubicadas en comunidades originarias que nunca fueron consultadas al respecto ni otorgaron su consentimiento.